Por David Zárate Cruz
Ciudad Madero, Tamaulipas.- El Poder Judicial Federal obligó al Juzgado Quinto Familiar de Altamira ordenó al Desarrollo Integral de la Familia (DIF) realizar un estudio un socioeconómico de unos menores, en cumplimiento a la sentencia 2/2021 que otorgó el amparo, ya que en diez años no lo hizo y es necesario para que se pueda emitir sentencia definitiva en juicio sobre alimentos, violándose flagrantemente la garantía de justicia rápida.
El Juez Vladimir Véjar Gómez, titular del Juzgado Decimotercero de Distrito en ciudad Madero, determinó en la sentencia que la responsable ha sido omisa en recabar y desahogar las pruebas ordenadas por el Tribunal de Alzada en ejecutoria de siete de diciembre de dos mil diez, a fin de determinar lo más conveniente a favor de los acreedores alimentarios; además que el Juez responsable a pesar de ser el rector del procedimiento, ha tomado una actitud pasiva en vigilar que se cumplimenten sus determinaciones.
La Segunda Sala Colegiada en materias Civil y Familiar del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) resolvió un recurso de apelación el 7 de diciembre de 2010, ordenando la reposición del procedimiento para el único efecto de que el Juez recabe las pruebas necesarios para determinar lo más conveniente a favor de los menores para garantizar su derecho alimenticio, en principio girar oficio a la fuente laboral del demandado para que informe los ingresos reales.
El Juez estatal, desde el proveído de 28 de febrero de 2012, ordenó que se girara oficio al DIF a efecto de que se llevara a cabo un estudio socioeconómico en el domicilio de los menores, sin que obre en autos constancias de que dicho oficio haya sido girado, menos aún que dicho estudio haya sido realizado, lo que se corrobora con el informe justificado rendido por la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema DIF de Ciudad Madero, quien refirió no haber recibido oficio alguno en que se hiciera la petición de realizar dicho estudio.
El Juzgado emitió la sentencia el 30 de marzo del 2021, para que el Juzgado Quinto Familiar de Altamira emita un acuerdo en el que requiera a la fuente laboral del demandado a fin de que proporcione el domicilio en que habita con los acreedores alimentarios; asimismo, en el referido auto ordene el envío del oficio al DIF a fin de que ordene al Departamento de Trabajo Social lleve a cabo un estudio socioeconómico en ese domicilio, lo cual ya fue dado por cumplido.







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