Por David Zárate Cruz
Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El Poder Judicial Federal concedió la suspensión definitiva (por todo el tiempo que dure) al juicio de amparo 1749/2021 a un habitante del poblado La Pesca, del municipio de Soto la Marina, a fin de que no sea desalojado ni afectado por el decreto expropiatorio de 42 hectáreas por la Secretaría de Obras Públicas de Tamaulipas (SOP), proceso que puede llevarse varios meses, o años, hasta que se tengan elementos para dictar la sentencia respectiva y decidir si se otorga o no el amparo.
El Juez Fernando Ureña Moreno, titular del Juzgado Primero de Distrito en Victoria, acordó: “procede CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA” (no es un amparo), para el efecto de que se mantengan las cosas en el estado que actualmente guardan.
Esto es, para que el ciudadano no sea despojado del bien inmueble que tiene en posesión y que las autoridades responsables dispongan lo necesario para que no se hagan movimiento registrales del citado inmueble a favor de diversas personas, hasta en tanto cause estado la sentencia que en su momento procesal se dicte.
El ciudadano le señaló al Juez que es habitante del ejido La Pesca, de Soto La Marina, detentando la posesión pacifica, continua, ininterrumpida y de buena fe, a título de dueño, de un predio rústico ubicado en dicha comunidad con una superficie de 0-32-76.650 hectáreas. La posesión sobre el bien inmueble citado lo acredita con el Contrato de Cesión de Derechos de Posesión de 29 de enero de 2021, ratificado ante la fe del notario público número 287, de Aldama, Tamaulipas.
Asimismo refiere que con motivo del decreto LXIV-819 mediante el cual se autoriza al Gobierno del Estado a enajenar un inmueble a título oneroso en dicho poblado, para que se destine a proyectos turísticos, publicado en el Periódico Oficial el 23 de septiembre de 2021, se ve afectado en su derecho de posesión a título de propietario, puesto que su tierra que viene poseyendo de forma pacífica, continua e ininterrumpida, está dentro de su perímetro; toda vez que existe el riesgo inminente del arbitrario lanzamiento y/o desalojo de su propiedad y posesión.
Si bien el juez estableció el 23 de febrero como fecha para la audiencia constitucional, que es en la que se decide si se otorga o no el amparo, lo real es que el juicio se llevará varios meses debido a la complejidad del mismo, porque se tienen que reunir todas las pruebas y los elementos de derecho, para poder decidir si la autoridad estatal está violando la Constitución Federal con su actuación.







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