El dilema ¿Informe o propaganda?

Por Armando Charles Lumbreras

I DE II PARTES

PLANTEMIENTO INICIAL

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Los informes ‘regionales’ del Gobernador han tenido aspectos soslayados por éste y por el Jefe de la Oficina del Gobernador, así como por sus coordinaciones de Asesores y de Comunicación Social, cuya política de medios y su programa anual de comunicación social, por decir lo menos, son, digamos, cuestionables, en la medida que no armonicen con la Constitución federal.

Es que, al supuesto amparo de normas locales que, prima facie, lo autorizan  a rendir un informe de gobierno en fecha de la segunda quincena del mes de marzo que determine el Congreso, y eventualmente confiando en algunas leyes generales y hasta de una norma suprema no aplicables al caso, Cabeza de Vaca y sus funcionarios activaron sendos informes adicionales de gobierno con la finalidad de eludir la prohibición constitucional de difundir propaganda gubernamental en medios de comunicación social durante la veda del proceso de revocación de mandato convocado por el INE, que es óbice para realizar cualquier informe de labores o de gestión en este lapso de tiempo.

Por ende, estimo que ningún informe de gobierno ni propaganda gubernamental alguna para darlo a conocer, tienen sustento constitucional en estos tiempos, que también son de inter campañas. Considero así, que los realizados en coincidencia temporal con el proceso de revocación de mandato son cuestiones de facto.

METODOLOGÍA

En este comentario aludiré, en orden de aparición, a las normas generales que, prima facie, autorizan al Gobernador a rendir su informe de gobierno; continuaré con las normas constitucionales eludidas e infringidas al realizarse los informes anual y regionales como supuesta premisa para realizar propaganda gubernamental en período de veda por revocación de mandato; daré, asimismo, una opinión en cada apartado, y añadiré conclusiones referentes a que las normas que disponen la fecha del informe anual en fecha de la primera quincena del mes de marzo que determine el Congreso, así como, la omisión de señalar una fecha del mes de septiembre de este año, para que el Gobernador rinda su informe de gobierno sobre los nueve últimos meses del sexenio, resultan inconstitucionales, por las razones que, según mi percepción de tal estado de cosas, planteo.

NORMAS DE COBERTURA

El Gobernador, al rendir sus informes y difundirlos durante el período de veda, aparentemente estaría fundado en unas normas generales que le dan cobertura para eludir la observancia de normas supremas y de diversos principios o derechos humanos.

También, en el presente caso, al cumplirse la letra de los preceptos de la constitución tamaulipeca y de las Leyes Generales de Comunicación Social (LGCS) e Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) que aparentemente autorizan a celebrar informes de gobierno en la etapa de inter campañas y en proceso de revocación del mandato presidencial, al final del día, vulnera su espíritu y el contenido de las normas constitucionales eludidas.

Es que, desde un inicio, la realización de eventos públicos en sedes regionales, con difusión, en medios de comunicación social, de propaganda oficial alusiva a dichos informes, revela una finalidad electoral o política de los mensajes del Gobernador.

Las leyes generales (normas de cobertura no aplicables al caso de informes de gobierno y de difusión de propaganda gubernamental en procesos de revocación de mandato)

Artículo 242.5 LGIPE

Para los efectos de lo dispuesto por el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución, el informe anual de labores o gestión de los servidores públicos, así como los mensajes que para darlos a conocer se difundan en los medios de comunicación social, no serán considerados como propaganda, siempre que la difusión se limite a una vez al año en estaciones y canales con cobertura regional correspondiente al ámbito geográfico de responsabilidad del servidor público y no exceda de los siete días anteriores y cinco posteriores a la fecha en que se rinda el informe. En ningún caso la difusión de tales informes podrá tener fines electorales, ni realizarse dentro del periodo de campaña electoral.

Artículo 14 párrafos primero y segundo de la Ley General de Comunicación Social:

El informe anual de labores o gestión de los Servidores Públicos, así como los mensajes que para darlos a conocer que se difundan en canales de televisión y estaciones de radio, no serán considerados como Comunicación Social, siempre que la difusión se limite a una vez al año con cobertura geográfica regional correspondiente al ámbito de responsabilidad del servidor público y no exceda de los 7 días anteriores y 5 posteriores a la fecha en que se rinda el informe.

En ningún caso la difusión de tales informes podrá tener fines electorales, ni realizarse dentro del periodo de campaña electoral.

Según se advierte de los textos legales citados, a fin de que no se consideren comunicación social o propaganda electoral, basta que la difusión del informe de gobierno, así como de los mensajes en medios masivos para darlos a conocer, se realicen:

• Fuera del período de campaña electoral
• Sin fines electorales
• Una vez al año
• En estaciones y canales con cobertura regional correspondiente en el ámbito geográfico de responsabilidad del servidor público, y
• Sin exceder los siete días anteriores y cinco posteriores a la fecha del informe.

Pero esa interpretación literal no es adecuada para concluir indefectiblemente en el sentido de que el Gobernador observó tales disposiciones, como veremos más adelante; esto, no sólo porque sí rebasó el ámbito geográfico de su responsabilidad al difundirse, en medios nacionales de comunicación, diversas notas, y al parecer boletines oficiales, sobre la realización de los eventos regionales. Como el caso de la entrevista de radio en el programa de Ciro Gómez Leyva concedida al Gobernador, en la que, además de hablar de supuestos logros de su administración, incluso en materias distintas a educación, salud y protección civil, con motivo del informe anual, anunció su mini gira de realización de eventos regionales en distintas sedes.

Aunado a lo anterior, las normas de los artículos 242.5 de la LGIPE y 14 de la LGCS, en todo caso, eran aplicables a los informes rendidos y divulgados durante los procesos electorales en un momento anterior al de las campañas; pero, no así la propaganda gubernamental difundida dentro del proceso de revocación de mandato. Porque, esos preceptos legales, existieron antes de la reforma constitucional de 20 de diciembre de 2019, en materia de consulta popular y de revocación de mandato. Luego, no podían preverla con antelación, ni lo han hecho aun con posterioridad.

Suspensión de propaganda gubernamental durante las campañas electorales (norma generalmente aplicable a elecciones, pero no a procesos de revocación de mandato)

Artículo 41, base III, Apartado C., párrafo segundo de la Constitución mexicana.

Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, tanto de los poderes federales, como de las entidades federativas, así como de los Municipios, de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y cualquier otro ente público. Las únicas excepciones a lo anterior serán las campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia.

Podría pensarse que este precepto de rango nacional y supremo puede ser fundamento de validez del informe de gobierno y de los informes regionales rendidos por Cabeza de Vaca y, por ende, de su difusión en los medios de comunicación social de la propaganda gubernamental de su contenido y de los mensajes para darlos a conocer, por el aparente argumento de que el proceso electoral ordinario para la renovación del cargo de gobernador de Tamaulipas no está en la etapa de campaña electoral ni en la de jornada comicial o en el período de reflexión.

Sin embargo, la norma constitucional del artículo 41, transcrita, no le sirve de base para justificar la realización de los eventos en que presentó informes, ni la propaganda asociada a éstos, pues por una parte el precepto constitucional en cita, no aplica exactamente al proceso de revocación de mandato.

Por otra parte, aun asumiendo que dicha norma suprema fuese la única aplicable al caso, lo único que dice es que, durante las campañas electorales y hasta la conclusión de la jornada electoral respectiva debe suspenderse y está prohibida toda propaganda gubernamental, excepto en los casos de campañas de información (no de propaganda) de las autoridades electorales, las relativas a servicios educativos, de salud y de protección civil en casos de emergencia.

Lo cual no significa que no pueda estar vedada en otro período, la difusión o realización de informes de gobierno y su difusión, cuando se afecten, por ello, los principios de equidad en la competencia política, y de imparcialidad de los poderes públicos y de las autoridades que tienen a su disposición recursos públicos, como acontece en el caso.

El decreto de reforma local (normas de cobertura y omisión legislativa inconstitucionales)

Sabiendo de antemano que, de trasladar el deber de rendir informes de gobierno a una fecha de la segunda quincena del mes de marzo se activarían, aparentemente en automático, las ventajas de la difusión de propaganda gubernamental en período de inter campañas, y que ello incidiría en el proceso electoral, por acontecer tan solo unos días antes de la etapa de solicitudes de registro de candidaturas al cargo de Gobernador; con lo cual también se posicionaría su virtual candidato, se observa que el Gobernador no hizo lo posible para modificar dicha norma de la constitución del Estado.

El Congreso local tampoco ha podido hacerlo en esta Legislatura, porque para una modificación a la constitución tamaulipeca se requiere, entre otras cosas, que las adiciones o reformas sean aprobadas por al menos el voto de dos terceras partes de los miembros del Congreso, y ningún grupo parlamentario la tiene, por sí.

Esto, aun cuando, ante la inconstitucionalidad de la fecha de rendición del informe del Gobernador, el órgano legislativo o su mesa directiva, bien podía haber inaplicado al caso concreto, por inconstitucionales, las normas que contienen la fecha en que se rindió dicho informe anual; pero no lo hicieron.

Pues bien, mediante DECRETO LXIII-1028, publicado el 22 de octubre de 2019 en el periódico oficial del Estado, se reformaron los artículos 44, 91, fracción XXXIII, y 93 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, para quedar así:

ARTÍCULO 44.- El…

En fecha de la primera quincena de marzo de cada año, que determine el Pleno, celebrará sesión pública y solemne para el único objeto de recibir el informe del Gobernador del Estado sobre el estado que guarda la administración pública a su cargo, conforme a lo previsto por esta Constitución.

ARTÍCULO 91.- Las…

1. a la XXXII. …

XXXIII. Concurrir a la apertura de los períodos ordinarios de sesiones del Congreso, pudiendo informar en ellos acerca de todos o algunos de los ramos de la administración a su cargo, cuando lo estime conveniente o así lo solicite el Congreso, y deberá rendir el informe anual sobre el estado que guarda la Administración Pública Estatal en sesión pública y solemne del Congreso que se verificará durante la primera quincena de marzo de cada año que determine el Congreso;

XXXIV. a la XLVIII. …

ARTÍCULO 93.- La…

Las…

Para…

Durante la primera quincena de marzo de cada año, mediante informe escrito, los titulares de las dependencias de la Administración Pública Estatal darán cuenta al Congreso del Estado que guarden sus respectivos ramos. A su vez, podrán ser citados por el Congreso para que brinden información cuando se discuta una ley o un asunto concerniente a los ramos de su competencia.

T R A N S I T O R I O S

ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto se publicará en el Periódico Oficial del Estado y entrará en vigor a partir del primero de enero de dos mil veinte.

ARTÍCULO SEGUNDO. Por única ocasión el informe que rinda el Gobernador del Estado en el año 2020, versará sobre el último trimestre del año 2019.

No obstante, como se observa de su sola lectura, ni en los artículos ordinarios ni en los transitorios de la constitución tamaulipeca se establece la fecha en que el Gobernador debe rendir su informe sobre los últimos meses del sexenio, que concluye en septiembre de 2022, dado que, si nos atenemos literalmente al texto reformado de dicha constitución, el siguiente informe podría ser en marzo de 2023.

Ni modo que el próximo Gobernador informe sobre lo que hizo o no hizo Cabeza de Vaca. Así sería si se aplica textual el contenido de los artículos 44 párrafo segundo y 91 fracción XXXIII de la constitución local. Lo cual es absurdo.

De esta manera, si los informes de gobierno anteriores al 2020 se rendían en fecha de la segunda quincena de septiembre de cada año, se advierte entonces que, tras la reforma a los mencionados preceptos de la constitución local, se cambió la fecha del informe a una de la primera quincena de marzo que determine el Congreso del Estado.

Lo que apunta en dirección a determinados fines electorales, concretamente en la fase de inter campañas, con el agravante de que, en 2022, se presume que el objeto de la propaganda oficial del informe de gobierno, es influir también en el proceso de revocación de mandato.

El caso es que, ahora, la fecha del informe se aleja más de cinco meses respecto del período a informar, violentando el principio de que toda información oficial debe ser oportuna, y no diferida deliberadamente. Pero, sobre todo, se aleja del sentido común.

Es decir que, si al cierre del ejercicio de un período anual, y el de Cabeza de Vaca inició su desempeño el 01 de octubre de 2016, ello implica que su informe anual en cada caso debería versar sobre el estado de la administración pública al cierre del ejercicio correspondiente, es decir, en todo caso lo acontecido entre octubre y septiembre de cada año.

Todo lo anterior, lo digo con independencia de que aún es posible una separación anticipada del cargo del titular del Ejecutivo local, a consecuencia del desafuero aprobado en abril 30 de 2021 por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.