Felipe Martínez Chávez
Cd. Victoria, Tamaulipas.- Las autoridades hacendarias no le permitieron al gobierno panista de Tamaulipas pedir un préstamo por 6,400 millones para “hacer frente a la pandemia”, pero dispusieron de “pequeños” préstamos que lo más seguro en que no pagarán antes de irse.
En los últimos poco más de dos años registraron hasta 17 créditos a corto plazo y de “factoraje” financiero, algunos que todavía “no cuentan con número de registro federal”.
Tales cantidades no pasan por el Congreso del Estado, pero sí deben dar vista al Registro de Obligaciones de Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios, de lo contrario no los atenderían los bancos.
El panorama es sombrío para el arranque del sexenio que inicia en octubre. No tendrán recursos ni para pagar la nómina ordinaria de la primera quincena.
Dejan los panistas una hacienda pública en quiebra, con la mayor parte de las participaciones federales embargadas, comprometido el impuesto del 3 por ciento sobre trabajo remunerado y hasta cobros por adelantado.
Más explicado: Lo que tenían que cobrar, lo “vendieron” a la banca comercial a precio de ganga, en lo que también se interpreta como un préstamo, y las escasas obras también se deben.
Por ejemplo, señalando “insuficiencia de liquidez de carácter temporal”, en septiembre del 2021 la secretaria de Finanzas, Lourdes Arteaga Reyna, asignó contrato a BBVA Bancomer por cien millones de pesos, pagaderos al 30 de junio del 2022, a un interés del 6.8 por ciento, aun cuando se respaldaría con deuda por cobrar por parte del Gobierno.
Para tal operación invitaron a dos bancos, pero el Regional de Monterrey se les rajó de inmediato. Respondió igual a otras invitaciones.
Para la construcción de la carretera de paga Mante, Ocampo, Tula, que el cabecismo exhibe con mucho orgullo, y que será particular, el gobierno panista deja una deuda de 6,300 millones de pesos imponiendo como garantía ingresos propios y participaciones federales. El argumento es la asociación con particulares.
La línea de créditos cortos no pasa por el Congreso y por tanto la ciudadanía no se da cuenta. Pero sí llegan al Registro de Hacienda. Se les llama préstamos quirografarios o de factoraje.
Por lo general el panismo los utilizó para la nómina, o recurrió al círculo vicioso de pedir prestado para pagar otro préstamo aun a costa de los intereses. No era dinero de ellos.
En otro ejemplo, a la firma HSBC le pidieron 300 millones; 500 a Bancomer (aparte de mil millones que pasaron por el Congreso); a Scotiabank 200, Santander 350 y a Banorte 90 millones.
En lo que llaman de factoraje financiero, cadenas productivas, el gobierno panista se hizo de más de mil 100 millones entre HSBC, BANCOMER y SANTANDER.
Le han pedido hasta a Banco Azteca, préstamo a corto plazo por 500 millones, según el propio Registro de Obligaciones de la Secretaría de Hacienda.
Los “minis” no representan cualquier cosa. A marzo sumaban mil 135 millones, según Hacienda, más lo que se acumule de aquí al último de septiembre, si es que los hombres del dinero les siguen teniendo confianza.
Igual al primer semestre del 2022, conforme los números del propio gobierno panista, debía por préstamos largo plazo más de 15 mil 700 millones (Hacienda dice que 17,634), de ellos casi nueve mil a Banorte, el banco que ha creído en ellos.
Diez créditos a la banca privada, a largo plazo, fueron solicitados en el gobierno de Francisco Javier García a partir del 2016, con un alto costo en intereses.
Aparte están los compromisos en que el gobierno es solidario, también por muchos millones que pidieron alcaldes consentidos, como Jesús Antonio Nader, de Tampico, y las Comapas dependientes del estado. Las municipales se rascan con sus propias uñas.
El gobierno del PAN nos dejó endeudados hasta el 2042. No tuvieron oportunidad de empeñar más a Tamaulipas porque el tiempo se les acabó.
Dichos números permanecen en instancias federales, mientras a nivel local empleados del propio aparato de gobierno informan de la destrucción de documentos. No quieren dejar huella de pillerías.
Y cada vez el panismo recibe malas noticias sobre la impugnación que el abogado que vende esperanzas, Marco Antonio Baños, presentó ante tribunales solicitando la anulación del proceso electoral del 5 de junio.
Basa sus pruebas en una resolución del TRIFE sobre el “caso Michoacán” que, como él mismo lo sabe, no despojó a Morena de su triunfo aunque le quitaron algunos votos.
Aparte de los “recortes” de periódicos, pide anular el 20 por ciento de las casillas porque el traslado de las urnas hasta los comités distritales se tardó entre 20 minutos, una y dos horas ¿es delito?. Habrá tiempo de abundar.
Ya decíamos que el alcalde capitalino Lalo Gattás regresó con muchas ganas a la chamba luego de presentar Covid. El martes recorrió calles de la popular colonia Mainero acompañado del jefe de Obras Públicas, Eusebio Alfaro Reyna. Trabajo mata grilla, como dice. El gobierno municipal ejecuta 17 obras viales en la mancha urbana.
Desde la esquina azul lo quisieron enfrentar con el diputado Pepe Braña que porque éste buscaba la sucesión en la alcaldía. Quedó aclarado que el sobrino no es hombre de traiciones ni vulgar ambicioso.
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