Felipe Martínez Chávez
Cd. Victoria, Tamaulipas.- Los que se van insisten en “secuestrar” el presupuesto de egresos 2023 del Gobierno del Estado, que se entiende manejarán Américo Villarreal y colaboradores.
Quieren decidir sobre el pastel del ejercicio que comenzará en enero, algo que ya no les corresponde dentro de la legalidad.
El POE publicó este jueves los criterios para la elaboración del proyecto de presupuesto de egresos del 2023, una función que la secretaría de Finanzas había “olvidado” desde 2017.
La Ley dice que antes del 30 de julio el ejecutivo definirá criterios sobre el gasto del siguiente año. En la primera de septiembre las dependencias enviarán sus requerimientos de dinero.
¿Qué traen los nuevos lineamientos?. Lo habíamos dicho en estas líneas: Pago de contratos anticipados.
En relación a los “criterios” del 2017, esta vez Finanzas agregó en cuanto a “líneas generales”:
“Los ejecutores de gasto podrán celebrar contratos plurianuales de obras públicas, adquisiciones y arrendamientos o servicios durante el ejercicio fiscal en curso, ello en lo que corresponde a contrataciones plurianuales con cargo a recurso estatal”.
No era cuento lo que se veía venir desde diciembre del 2021 para arrebatar la lana del siguiente presupuesto que, en el caso, ya corresponde administrar a los morenistas.
Dan luz verde a la estructura toda del gobierno para convocar y adjudicar contratos a largo plazo, como se espera que lo hagan en los restantes dos meses y feria que les quedan.
El Congreso del Estado debe recibir el proyecto de Egresos, junto con la Ley de Ingresos, en la primera decena de noviembre y aprobarlo antes de culminar el periodo ordinario, el 15 de diciembre.
Lo publicado este jueves “es de observancia obligatoria por las dependencias y entidades de la administración pública estatal”, para que no quepan dudas.
Un candado más dice que el siguiente año no podrán crearse más plazas y, el presupuesto asignado al pago de personal “es intransferible”. AVA no podrá hacer modificaciones a partidas, como también los panistas metieron “candado” para no reducir la multimillonaria cifra destinada a seguridad pública ni a la Fiscalía que ya tienen secuestrada.
En los pasillos de Palacio se habla de 12 mil demandas laborales de personas que corrieron a partir del 2016, que no liquidaron. En cambio, según los criterios, pretenden etiquetarlas al gobierno que sigue.
Ya están secuestrados otros órganos autónomos como el Tribunal Electoral, donde los azules quieren refugiarse igual que en la Fiscalía y Congreso, por los años que les permitan.
Broncona es la que hay en el TRIELTAM por la designación de los últimos funcionarios, comenzando con la Contralora (órgano de control) Perla Violeta Salinas Barrera, cuyo “perfil” es haber laborado para el centro de “espionaje” llamado CAIET y el C-4
La reglamentación dice que debe haber convocatoria de por medio, pero la presidenta Blanca Hernández metió el tema en la orden del día en sesión secreta, y lo sacó.
Hay impugnaciones en el Tribunal Federal, de inicio de los magistrados Edgar Arroyo Villareal y René Osiris Sánchez, quienes impugnan además a Aldo Paredes Alvizo, titular de la Unidad de Transparencia e Información Pública; Lluvia Decilos Gámez, de Coordinación de Jurisprudencia y Estadística, y a Jesús Alberto Soto Ramos, con la chambita de chofer.
En la Sala Superior hay otros recursos en contra de la mujer con perfil de policía. Uno viene de Ruth Angélica Mata Cruz (con carrera en el PRI) y otro de Mariano Luciano Rosales.
Hoy el Tribunal es un campo de batalla que se le deshace en las manos a la bisoña Hernández Rojas, una burócrata que venía del Congreso del Estado pero impuesta por los cabecistas. Perdieron la credibilidad ante los actores políticos.
La guerra interna no es nueva. En ocasión anterior el TRIFE “tumbó” como contralor a Juan Carlos López Aceves, nombrado ilegalmente por el Congreso, y más antes despojaron de una magistratura a Alberto Saleh Perales.
Muy pocos creen en el máximo órgano jurisdiccional electoral de Tamaulipas, como lo demuestra el hecho de que “Makito” Peña Ortiz, alcalde de Reynosa, decidió brincar a los magistrados locales en su defensa por la persecución política de que es objeto por parte del Gobierno del Estado y jueces del Tribunal de Justicia.
El dato dice que acudió a la Sala Monterrey del TEPJF para quejarse en contra de un Juez Especializado en Justicia para Adolescentes con funciones de Juez de Control con sede en san Fernando, cuando lo pretende privar de sus derechos políticos por un probable delito que ha confirmado le fabricó la gente de Irving Barrios Mojica.
Por su parte el IETAM está cerrando proceso con muestras de que realmente es imparcial e independiente. Ese jueves aplicó amonestaciones a Jesús “Árabe” Nader, alcalde de Tampico; al Subdirector de Limpia de Reynosa, Iván Guzmán Franco, y al vocero de la Secretaría General de Gobierno, Darío Vera Quintana, por violentar las normas de campaña. Bien por Don Guadalupe Ramos Charre.
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