Por David Zárate Cruz
Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El Poder Judicial Federal le dio 24 horas a la dirección del Hospital General de Zona Número 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Victoria, para que acredite que le dio a conocer a una paciente información sobre los riesgos del medicamento Omalizumab, y en caso de no hacerlo se le impondrá una multa de Cien Unidades de Medida y Actualización Vigente (UMAS), ya que la derechohabiente manifestó temor a dicha medicina.
El Juez Fernando Ureña Moreno, titular del Juzgado Primero de Distrito en Victoria, acordó: “se le requiere al Director del Hospital General de Zona Número 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en esta ciudad, para que en el plazo de veinticuatro horas informe y acredite a este juzgado a haber hecho del conocimiento de la aquí quejosa el dictamen emitido respecto de los riesgos que representa su salud, la aplicación del medicamento OMALIZUMAB, a fin de que decida de manera informada, sobre su tratamiento”.
Dentro de la suspensión otorgada en el juicio de amparo 1251/2022, la mujer informó al Juzgado que tiene miedo que dicho medicamento pueda ocasionarle reacciones secundarias en su cuerpo, integridad, salud y hasta su vida, que no es idóneo ni eficaz; toda vez que no la revaloraron, ni le practicaron exámenes clínicos, estudios, y análisis necesarios, a fin de fundamentar la prescripción y aplicación del referido biológico.
El Juez señaló que, el consentimiento informado en materia médico-sanitaria cumple una doble finalidad: por un lado, constituye la autorización de una persona para someterse a procedimientos o tratamientos médicos que pueden incidir en su integridad física, salud, vida o libertad de conciencia, y por otro lado, es una forma de cumplimiento por parte de los médicos del deber de informar al paciente sobre el diagnóstico, tratamiento y/o procedimiento médico, así como de las implicaciones, y consecuencias que pudiera traer a su salud, integridad física o vida.
El Juzgado le informó al directivo del IMSS que, que conforme a la fracción III, del artículo 262 de la Ley de Amparo, se prevé como sanción a quien no obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, con independencia de cualquier otro delito en el que incurra, una pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos.







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