Por Agencias
Ciudad de México.- Agrupaciones de diversos países de la región, entre ellos México, Uruguay, El Salvador, Venezuela y Bolivia, expresaron su preocupación por los abusos policiales contra infantes y adolescentes en Perú.
En un documento denominado Carta latinoamericana hacen un “llamado urgente a garantizar protección integral y manifestar solidaridad con la infancia y la juventud peruanas”.
Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe, la Red por los Derechos de la Infancia en México, el Movimiento con la Niñez y la Juventud, la Fundación Pro Bono Venezuela y el Movimiento de Educadores Populares de Bolivia, entre otras, expresan su “solidaridad con el pueblo peruano y llamamos a la protección integral de niñas, niños y personas jóvenes”.
Se pronuncian por que se encuentre “una solución inmediata de forma pacífica a la crisis política, que se prevengan hechos de violencia que afectan a las personas más vulnerables, así como evitar que el Estado continúe adoptando medidas que restringen los derechos fundamentales”.
Señalan que “ante la serie de protestas que se han generado en Perú y que han tenido la contención de las autoridades policiales de ese país, vemos con profunda preocupación las acciones de abuso policial y asesinatos con las cuales se ha afectado gravemente la integridad física y emocional de niñas, niños y adolescentes”.
Las organizaciones subrayan que “creemos firmemente que la declaración del estado de emergencia y la consecuente suspensión de garantías constitucionales, como los derechos a la libertad de reunión, libertad de tránsito por el territorio nacional, inviolabilidad de domicilio y seguridad personales, aumentan la posibilidad de detenciones arbitrarias y el abuso de poder por parte de las fuerzas policiales que afectan la integridad de las personas y especialmente ponen en riesgo la vida de niñas, niños y adolescentes”.
Expresan también su solidaridad con mujeres y hombres activistas por los derechos humanos en el país sudamericano, quienes registran y denuncian las situaciones de amenaza o violación de las garantías en el país. (Carolina Gómez Mena/La Jornada).
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