Por Agencias
Con el rechazo de la oposición, Morena y sus aliados aprobaron esta mañana en lo general y en lo particular, la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación (LGHCTI), que reconoce el derecho constitucional de toda persona a gozar de los beneficios del desarrollo científico y la innovación tecnológica, como fundamento de la política pública.
La disposición aprobada en San Lázaro con 257 votos a favor, 210 en contra y dos abstenciones, pasará al Senado. Tiene como base la iniciativa enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, la cual tuvo, en comisiones, 191 modificaciones que incidieron en 57 artículos y cuatro transitorios. La oposición advirtió que se eliminó el objetivo del uno por ciento del Producto Interno Bruto en el rubro.
La norma, que se aprobó en lo particular tras más de cinco horas de discusión en el pleno de la Cámara de Diputados, no tiene cambios sustanciales que modifiquen de fondo la propuesta enviada por el Ejecutivo federal a la Cámara Baja en diciembre pasado, con la que se busca una profunda transformación del sector.
Esta nueva legislación, que convierte al Conacyt en el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, garantiza la libertad de investigación, incluida la libertad de cátedra y expresión, así como refrenda la autonomía a las universidades e instituciones de educación superior.
Dirige los esfuerzos del sector hacia el fortalecimiento de la soberanía nacional, a partir de la consolidación de la independencia científica y tecnológica, mediante la construcción democrática de una Agenda Nacional, que establezca líneas de acción en torno a los asuntos prioritarios o estratégicos para el desarrollo del país y los temas de interés público nacional o de atención indispensable en la materia.
Contempla un sistema nacional de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación plural e incluyente, que implica a las autoridades federales, estatales, municipales y a las demarcaciones de la Ciudad de México, así como a los actores de los sectores social y privado, además de los becarios e investigadores en general.
Prevé que los recursos públicos que destine el gobierno federal, a través de programas presupuestarios, sean canalizados, preferentemente, de manera directa a los becarios, humanistas, científicos, tecnólogos e innovadores. Dependencias y entidades se abstendrán de crear fideicomisos.
Establece la obligación del Consejo Nacional de implementar un Sistema nacional de Posgrados; garantiza la asignación universal de becas a estudiantes de universidades púbicas inscritos en programas de maestría y doctorado, orientados a la investigación en todas las áreas de las ciencias y las humanidades, así como de alumnos de posgrado en instituciones privadas, siempre y cuando dichas casas de estudio no les cobren colegiatura o pago equivalente.
Prevé que la operación de programas nacionales estratégicos, orientados a diagnosticar y proponer a las autoridades, acciones para la atención y solución de problemáticas nacionales concretas, sobre la base de agendas temáticas en materia de salud, agua, educación, cultura, vivienda, soberanía alimentaria, agentes tóxicos y procesos contaminantes, seguridad humana, sistemas socio-ecológicos, energía y cambio climático, incluida la transición energética, entre otras.
Establece la obligación del Consejo Nacional de promover una estrategia nacional de acceso a la información en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación y mucho más.
Tania Cruz (Morena) resaltó que la LHCTI establece mecanismos claros para orientar el fortalecimiento de la comunidad científica y la búsqueda de soluciones a grandes problemas nacionales. Mientras su compañera de bancada, María Eugenia Hernández, dijo que con esta ley, resultado de cuatro años de trabajo, “se consolida la cuarta transformación en el sector de humanidades. Mienten y son cínicos cuando hablan de siete foros, si muchos no se aparecieron en ellos”.
Se presentaron infructuosamente seis peticiones de distintos grupos parlamentarios para frenar la discusión del dictamen y devolverlo a comisiones., acusando a Morena y aliados de imponer su mayoría para aprobar esta ley sin respetar el proceso parlamentario y no respetar acuerdos, como la realización de siete parlamentos abiertos, pues sólo se realizaron dos.
Este dictamen “es una verdadera porquería, está hecho con las patas. Daña a la comunidad académica, impide la innovación científica, desalienta la investigación en la ciencia, la tecnología y la innovación, además de que provoca un daño irreparable a la infraestructura científica de México”, dijo a su vez Carlos Madrazo (PAN).
También de ese partido, Juan Carlos Romero Hicks definió lo ocurrido con esta ley como “crónica de una oportunidad perdida por un albazo legislativo.
Diputados del PRI también rechazaron la actuación de Morena, a quien acusaron en pancartas de excluir a los investigadores en la toma de decisiones. Eduardo Murat cuestionó, “¡qué manera de reducir el proceso legislativo a nada, y dinamitar de esta manera a este poder. ¿Cuál es la prisa en un tema tan importante como éste? No nos podemos equivocar. En la ciencia, tecnología e innovación ya vamos atrasados y esto nos va retrasar más en comparación con otros países”.
A más de 21 horas de haber iniciado esta sesión, Movimiento Ciudadano dijo que éste “es probablemente uno de los periodos más desaseados de la historia moderna, violaron todo”.
En lo general, se aprobó la legislación con 257 votos; 208 en contra y dos abstenciones.
Durante la discusión en lo particular, se presentaron 177 reservas que fueron explicadas en tribuna por 23 oradores, pero la decisión de Morena fue aceptar sólo una para eliminar la disposición de que cada año, el presupuesto destinado a investigación aumente “en términos reales”, lo que habría implicado incrementar el gasto conforme a la inflación.
El cúmulo de reservas incluyó objeciones que van desde el título de la ley hasta el lugar y la fecha de aprobación del dictamen.
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