Felipe Martínez Chávez
Cd. Victoria, Tamaulipas.- El 14 de octubre del 2008 ejidatarios de Miquihuana fueron agredidos, ultrajados, robados y encarcelados por la policía municipal de Victoria. Les quitaron 2 mil 800 pesos que habían reunido para sus gastos.
Encabezados por Gustavo Campos, se habían desplazado a la capital para hacer un trámite ante la secretaría de Desarrollo Rural, que no alcanzaron a completar.
Al llegar a las mazmorras el Juez Calificador los dejó ir. El robo descarado estaba institucionalizado.
Era la época del alcalde Arturo Díez Gutiérrez en que se escribió la historia más negra de la corporación. La utilizó como fuente de ingresos legales e ilegales, el vil centaveo.
En otro sonado caso ocurrido el 27 de septiembre del mismo año, la jovencita María Fernanda Zamarripa Díaz, alumna de la secundaria técnica No. 1, fue maltratada y aventada a una patrulla con insultos y groserías, que porque se había peleado con una compañera a la hora de salida (luego se comprobó que ella no intervino en ningún pleito).
Hechos como los anteriores, cientos por el territorio estatal, tenían hasta el gorro a la población, chicos y grandes. Por eso la gente respiró con tranquilidad cuando los “cuicos” fueron desaparecidos por instrucciones del Gobernador Eugenio Hernández Flores, y el proceso continuó con Egidio Torre.
Quedó extinguida igual la centenaria Policía Rural, otro nido de centaveros y protectores de abigeos.
A la distancia de 10 años en que no hay municipales, uno de los grandes proyectos de la 4T es volver a ellas para tratar asuntos menores como los pleitos familiares, que ocupan tanto como el 50 por ciento de las denuncias que recibe Fuerza Tamaulipas.
La pregunta ¿qué tan conveniente es que vuelvan? Es el proyecto de Clara Luz Flores, la secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública y que Tamaulipas, por acuerdo del Gobernador Américo Villarreal Anaya, replicará junto al Gobierno Federal.
Es el nuevo Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica que revivirá las academias de capacitación y creará la figura de Juez Cívico, antes Juez Calificador, de los tiempos del abuso policiaco contra inermes y pacíficos ciudadanos.
La decisión de acabar con las municipales fue la mejor solución del momento. Se dio cuando tales corporaciones se convirtieron en extensiones del crimen organizado. Entregaron ciudades completas a los delincuentes.
Como solución del entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, fue creado el Mando Único Policial con la intervención de fuerzas federales y estatales, a donde se sumó Tamaulipas.
Hoy son otras las condiciones del panorama delincuencial estatal. Los grupos antisociales se apaciguaron, ya no se disputan el territorio estatal a sangre y fuego ni tienen como objetivo comprar autoridades.
Volviendo con el tema, para pleitos conyugales y de borrachos, urge que existan elementos del orden en cada municipio. Esto traerá avances en la prevención sin distraer a la Guardia Estatal o personal de la Fiscalía.
Entre las funciones que se les darán, están las de aplicar sanciones administrativas, solucionar conflictos vecinales (pleitos), intervenir en mediación y delitos no patrimoniales.
El plan es contratar a gente nueva, con nivel de estudios, darles capacitación y estar vigilantes sobre su desempeño para que no los vuelva a jalar la delincuencia.
Antes no existía la Universidad de Seguridad y Justicia, por donde ahora tienen que pasar los nuevos elementos. Hay carreras desde Técnico Superior en Administración Policial, a licenciaturas en Seguridad Pública y Criminología.
Los jóvenes provenientes del medio rural, no pocos analfabetos y otros que si acaso terminaron su primaria, no volverán como policías.
Flores Carrales sabe lo que hace. Como alcaldesa de Escobedo, Nuevo León impuso este modelo en la corporación municipal con mucho éxito. El proyecto es generalizarlo en México.
En Tamaulipas hay gobierno de la Cuarta Transformación, uno de cuyos principios es atacar la corrupción. Con seguridad, al entrar en vigor las policías, tendrán muy de cerca a los elementos con la participación directa de los ayuntamientos.
Por cuanto a la reglamentación, no hace falta mayor intervención, siguen vigentes los Bandos de Policía y Buen Gobierno. Quedaron en desuso en 2013 cuando entregaron la competencia preventiva al Gobierno del Estado y entró en funciones el Mando Único.
Hasta hubo alcaldes que, ignorando las decisiones federales y estatales, hicieron reformas a ese reglamento, como el tulteco Lenín Coronado Posadas, quien acordó en 2021 incluir castigos por faltas administrativas, de hasta 18 horas de trabajo comunitario.
Igual El Mante en enero del 2021, el presidente Mateo Vázquez Ontiveros introdujo adiciones pese a no tener policía.
Por cuanto a la desaparecida Policía Rural, fue un nido de corrupción. Desde sus orígenes en 1826 -gobierno de Lucas Fernández- estuvo al servicio de los hacendados; de los ganaderos (UGRT) en los tiempos modernos.
En 2014 se creó Fuerza Tamaulipas. A la entrada del panismo se le llamó Policía Estatal. Con Américo Villarreal, la denominación es Guardia Estatal.
Bienvenidas las municipales a partir del 2024.
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