Por Redacción
Cd. Victoria, Tamaulipas.- Por medio de un oficio dirigido al Fiscal General de Justicia del Estado Irving Barrios, el Fiscal Anticorrupción, Raúl Ramírez Castañeda solicitó seis escoltas, vehículo blindado y porte de arma dentro y fuera de sus funciones para garantizar su vida y seguridad.
En ese documento, culpa a los medios de comunicación de emitir pronunciamientos, declaraciones y expresiones en contra de su persona, que inciden negativamente en la opinión y ánimo de la sociedad, por lo que se asume en una situación de peligro y riesgo a su integridad física.
Ramírez Castañeda, uno de los alfiles del ex gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca “sembrado” para protegerle las espaldas, pasa por alto que todos los servidores y funcionarios están expuestos a la crítica y al escrutinio público, un hecho que de facto impide al fiscal desempeñar su encargo con la claridad e imparcialidad que debían ser inherentes a la Fiscalía Anticorrupción.
Hay que mencionar que en el oficio filtrado a los medios de comunicación por Ramírez Castañeda pide más agentes del Ministerio Público y en un juego de palabras responsabiliza al Fiscal General Irving Barrios, de deslindarse de responsabilidades.
Lo más cercano a la realidad es que Ramírez Castañeda filtró la información cuando a su vez alguien de sus incondicionales le avisó que el Gobierno del Estado interpuso ante la Fiscalía General de Justicia (a cargo precisamente de Irving Barrios) una denuncia penal por el saqueo provocado a la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica de la Secretaría de Finanzas del Estado de Tamaulipas, a cargo justamente de Ramírez Castañeda en el gobierno panista de Francisco Javier García Cabeza de Vaca.
De acuerdo con la demanda penal, “la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica fue saqueada, ya que días antes de la entrega, fueron sustraídos de la Unidad más de 50 bienes muebles, entre mobiliario de oficina, equipos de cómputo, electrónicos y demás”,
Raúl Hernández Chavarría, quien interpuso la demanda, agregó que de los equipos de cómputo fueron eliminados o borrados, todos los archivos y la información contenida en ellos, dejando al personal operativo imposibilitado para seguir con sus actividades cotidianas.
Asimismo, en forma concertada y masiva, el 30 de enero de 2023, el personal conformado por los directores, subdirectores y jefes de departamento renunciaron y sin esperar a que se les aceptaran las renuncias, se ausentaron de sus puestos de trabajo; en total fueron ocho personas las que renunciaron el mismo día, indicó.
Hernández Chavarría agregó que los hechos tuvieron lugar cuando la Unidad se encontraba adscrita a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, por lo que quienes estaban al frente de éstas dependencias deberán aclarar dichas circunstancias.







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