Por Agencias
Ciudad de México. Las órdenes de aprehensión obtenidas por la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (Femdo) contra 61 integrantes de la presunta red de corrupción dirigida por Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública (SSP) en el gobierno de Felipe Calderón, involucran a cinco familiares del ex funcionario y a sus socios en cuatro empresas.
De acuerdo con fuentes ministeriales, la acusación contra todos los involucrados es el desvío de 5 mil 112 millones de pesos destinados al presupuesto del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, encargado de las prisiones federales. La fiscalía investiga la firma y pago de 10 contratos considerados ilícitos.
La acusación contra los 61 presuntos implicados incluye los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y peculado, indicaron las fuentes.
Entre los involucrados están los creadores de la empresa Nice Systems Limited, constituida en Israel por los dueños de la corporación Weimberg, y quienes también son socios de García Luna en las compañías Nunvav Inc y Nunvav Technologies Inc, abiertas en Panamá por el mismo consorcio.
En la trama también aparecen familiares de García Luna, como su esposa, Linda “P”, sus hermanas Esperanza, Luz María y Gloria, así como su hermano Humberto, a quienes se les supone haber participado en un esquema financiero con el cual opera la empresa Glac Security Consulting Technology Risk Management .
Las acusaciones también señalan a Jonathan “W”, Mauricio “W”, José Luis “C”, Rosalba “T”, Esthela “D”, María Vanesa “P”, Francisco “C”, Gabriel “C”, Natan “W” y Félix “V”, todos directores y supuestos socios de Nunvav Inc.
Los mandamientos judiciales mencionan, asimismo, a titulares del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social durante el sexenio de Calderón.
Las fuentes agregaron que el gobierno federal aún investiga los datos exhibidos en septiembre de 2022, como parte de una denuncia civil ante la corte de Miami, Florida, en Estados Unidos.
A partir de esa denuncia, el gobierno busca recuperar propiedades y activos que supone adquirieron García Luna, prestanombres y familiares, mediante contratos públicos ilegales, en los sectores de seguridad y defensa nacional.
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