Por Agencias
A 25 años de la masacre a manos de elementos del Ejército mexicano de 10 indígenas na savi y un estudiante universitario, en la comunidad El Charco del municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero, la justicia no llega, aseveraron sobrevivientes. Demandaron que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emita su informe de fondo sobre estos hechos ocurridos el 7 de junio de 1998, luego de que el caso fue llevado hasta este organismo hace ya 10 años.
La Red Solidaria Década Contra la Impunidad (RSDCIAC), de la que son fundadores Ericka Zamora Pardo y Efrén Cortés Chávez -sobrevivientes-, sostuvo que la comunidad de El Charco sigue en la total pobreza y la familia del estudiante Ricardo Zavala Tapia, no ha tenido acceso a la verdad sobre su ejecución extrajudicial.
Destacó que tanto Ericka como Efrén mantienen secuelas de la tortura a la que fueron sometidos por parte de militares. Ambos fueron detenidos y obligados a declarar ante el Ministerio Público Militar y fueron procesados por los probables delitos de invitación a la rebelión, rebelión y conspiración, así como por portación de arma de fuego del uso exclusivo del Ejército. Estuvieron encarcelados un año en Acapulco, después fueron trasladados a la prisión de alta seguridad de Puente Grande, donde estuvieron dos años.
Efrén estuvo en esa prisión hasta su liberación, en tanto que a Ericka se le traslado en el 2001 a la de Chilpancingo. El 30 de mayo de 2002, lograron su libertad.
La red recordó que ambos defensores impulsaron la propuesta para que la masacre de El Charco llegara a la CIDH. “La Petición de Admisibilidad fue entregada por nuestro presidente, el obispo emérito José Raúl Vera López, el 16 de julio de 2012. Actualmente la comisión le asigno el número de caso 13.709, “Efrén Cortes Chávez y otros”, con el informe de admisibilidad No. 166/18”, pero están a la espera del Informe de Fondo.
Refirió que el caso fue admitido por violaciones al derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica; el derecho a la vida, a la integridad y libertad personal, a las garantías judiciales, entre otros.
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