Por Agencias
Ciudad de México.- La Presidencia de la República y la Secretaría de Educación Pública (SEP) presentaron cuatro recursos de reclamación contra el acuerdo del ministro Luis María Aguilar Morales, por el que admitió la controversia constitucional 400/2023 de la gobernadora panista de Chihuahua, María Eugenia Campos, que frenó la distribución de los libros de texto gratuito en la entidad.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite los expedientes que se turnaron a los ministros Arturo Zaldívar y Jorge Mario Pardo Rebolledo, respectivamente.
Hace dos semanas, el ministro de la SCJN, Luis María Aguilar Morales, ordenó la suspensión de la entrega de los libros de texto gratuitos en Chihuahua con el argumento que era en protección al interés superior de la niñez. Estimó que la suspensión solo tiene efectos para el estado de Chihuahua y que la medida no le causa un daño mayor a la sociedad, ni se afectan la seguridad y economía nacionales, ni las instituciones fundamentales del orden jurídico mexicano
No obstante, la semana pasada Aguilar Morales, otorgó una segunda suspensión contra la entrega de libros de texto gratuitos, esta vez a gobierno de Coahuila, quien promovió la controversia constitucional 412/2023 para impugnar el reparto de este material didáctico.
En su controversia constitucional, el gobierno de Coahuila reclama “la orden y/o autorización para elaborar, editar, imprimir y distribuir los libros de texto gratuitos para el ciclo escolar 2023-2024, del nivel educativo de educación básica”. La medida cautelar solo durará el tiempo que la SCJN tarde en resolver el fondo de estas controversias.
En su recurso de reclamación, la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República pidió a la SCJN que sus apelaciones contra el ministro Aguilar Morales se sometan a decisión del pleno y se substancien y resuelvan de manera prioritaria.
“En relación con lo manifestado por el promovente, en el sentido de que el presente asunto sea resuelto por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, deberá estarse a lo determinado en los puntos Segundo, fracción I, Quinto y Sexto del Acuerdo General Plenario 1/2023, de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, en el entendido de que los Ministros integrantes de este Alto Tribunal cuentan con la facultad de solicitar la remisión al Pleno de aquellos los asuntos que consideren que deba conocer dicha instancia”.
“Ahora bien, de la lectura del escrito de agravios es posible apreciar que el promovente solicita que “el presente asunto se someta a la decisión del pleno para que se substancie y se resuelva de manera prioritaria”.
DAÑO IRREVERSIBLE SI NO SE DISTRIBUYEN LOS LIBROS: PRESIDENCIA
Incluso, el pasado 18 de agosto, cuando la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal impugnó la resolución del ministro Aguilar Morales, quien dejó sin libros de texto, por tiempo indefinido, a los estudiantes de nivel básico en todo el estado de Chihuahua, aseguró que de no ser revocada la decisión causará daño irreversible a cientos de miles de estudiantes del estado al impedir que se distribuyan los materiales didácticos.
En aquella ocasión añadió que resultaba lamentable que un ministro del máximo tribunal de justicia en México actúe flagrantemente en contra de los derechos fundamentales que consagra la Constitución, como son la educación y el interés superior de los menores; lo anterior, al impedir que los estudiantes cuenten con los instrumentos educativos necesarios para su formación académica hasta que, en uno o dos años, la SCJN dicte la sentencia respectiva, lo que puede ocasionar un retraso en el proceso de aprendizaje de los menores que no se repararía en modo alguno.
Añadió que por la grave violación de los derechos fundamentales de los estudiantes de educación básica en el estado de Chihuahua, la CJEF solicitó que los 11 ministros que integran el pleno de la SCJN asuman la responsabilidad de ordenar la inmediata distribución de los libros de texto para garantizar el derecho a la educación de los infantes en la entidad. (César Arellano García/LA Jornada).
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