Por Agencias
Chihuahua.- La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) recibió una queja por presuntas amenazas y hostigamiento que sufrió un juez del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) de parte magistrados que integran el Consejo de la Judicatura local, ante la negativa de la Unidad de Investigación de Responsabilidades Administrativas (UIRA) del Poder Judicial de Chihuahua de otorgarle medidas de protección.
El ombudsman estatal, Néstor Armendáriz Loya, confirmó que existe una queja la cual reclama posibles violaciones a los derechos humanos de un servidor público del TSJE, por amenazas que lo hacen temer por su vida y su seguridad, en consecuencia la CEDH requerirá un informe de hechos al Consejo de la Judicatura local.
También serán notificados el secretario general, la Contraloría, el director general jurídico, la UIRA, el Departamento de Comunicación Social, el Departamento de Seguridad y Gestión Ambiental así como el jefe de Seguridad Interna, todos del TSJE.
Al mismo tiempo, la Unidad de Investigación de Responsabilidades Administrativas rechazó dictar medidas de protección en contra de la magistrada presidenta del TSJE, Myriam Hernández Acosta, por supuestos actos de amenaza, extorsión y hostigamiento que denunció un juez.
El agraviado había solicitado que se prohibiera a la magistrada Myriam Hernández establecer contacto o comunicación con él, acercarse a su domicilio y lugar de trabajo, y establecer comunicación con él directamente o a través de terceras personas, pero la UIRA determinó que no se existen datos para acreditar algún riesgo.
Según declaraciones de la magistrada presidenta del TSJE, el juez que denunció es Samuel Uriel Mendoza Rodríguez, quien “coincidentemente está en un proceso administrativo”, pues permitió presiones del ex gobernador Javier Corral Jurado en el proceso penal que enfrentó la actual gobernadora, María Eugenia Campos Galván, cuando fue candidata en el año 2021.
Samuel Uriel Mendoza obtuvo la plaza de juez en un concurso de oposición abierto (CJE/002/2018) durante la gestión de la consejera de la Judicatura Luz Estela Castro Rodríguez, designada por Javier Corral, y ha recibido presuntamente presiones de Myriam Hernández para que renuncie, pues dictó la vinculación a proceso penal en contra de la hoy gobernadora.
En marzo pasado, la Unidad de Investigación y Responsabilidades Administrativas del Tribunal Superior de Justicia inició un proceso administrativo en contra del mencionado juez, pues vinculó a proceso penal a la gobernadora María Eugenia Campos, cuando ella era candidata del Partido Acción Nacional en la campaña electoral del año 2021, tras recibir y aceptar presiones por parte del entonces gobernador Javier Corral, según el mismo juez reconoció en una entrevista y después de que un magistrado de la Tercera Sala Penal revocó el auto de vinculación.
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