Por Agencias
Puebla.- La pareja de abogados Patricia Rodríguez Flores y Jorge Portilla Alba, originarios de Texmelucan, son los que estarían detrás de la defensa legal de los ejidatarios de Santa Rita Tlahuapan que mantienen cercada a la ciudad de Puebla con bloqueos en autopistas que comunican con seis estados, incluido la capital del país, en demanda del pago de sus tierras.
Ambos litigantes -quienes no trabajan para ningún bufete de abogados- fueron ubicados en redes sociales, después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que uno de ellos es el abogado responsable de los cierres carreteros y de que quieren sacar provecho personal del conflicto.
Jorge Portilla sería el abogado a quien López Obrador hizo referencia en la rueda de prensa mañanera de este miércoles, al acusar que se trata de un personaje que quiere “sacar raja” y provecho personal del conflicto.
Portilla Alba representa a unos 70 campesinos de los estados de Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y el estado de México que no han recibido un solo peso por la expropiación de sus tierras para la construcción de autopistas en dichas entidades.
Las obras por las que se vieron afectados son las autopistas de Santa Rita Tlahuapan y de Taxco-Tecojotal, en Puebla; el libramiento Apizaco-Huamantla, en Tlaxcala, y la carretera del Arco Norte, que atraviesa los estados de México, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala.
En noviembre pasado, Jorge Portilla expuso que hace una década funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) negociaron directamente con los dueños de los terrenos y se aprovecharon de su desconocimiento para sacar ventaja.
En dichos acuerdos, acusó que la SCT consignó superficies menores a las reales y asignó precios que iban desde los 5 hasta los 40 pesos por metro cuadrado de terreno, muy por debajo del valor comercial.
Ante esta situación, los campesinos amagaron desde el año pasado con el cierre de autopistas si la Federación se cerraba al diálogo y la negociación.
Jorge Portilla Alba es biólogo de profesión, su esposa es la abogada Patricia Rodríguez Flores, quien lleva el tema legal. Él funge como asesor de los ejidatarios.
Es oriundo de la comunidad de Ignacio López Rayón, del municipio de Santa Rita Tlahuapan.
Son ambientalistas y han estado en defensa de la región del Izta-Popo desde hace más de una década. Estuvo en varios movimientos campesinos en contra de la planta Nestlé Water por la explotación y comercialización del agua del deshielo de los volcanes que la embotella la filial Santa María.
El 5 de diciembre de 2016 encabezó las protestas contra Nestlé, ubicado en el poblado de Santa Cruz Otlatla, municipio de Santa Rita Tlahuapan, y también esa ocasión bloquearon la autopista.
Están ligados al Comité Sierra Nevada, perteneciente a la Central Independiente de Organizaciones Agrícolas y Campesinas de José Dolores López Domínguez (CIOAC-JDLD) y a la Unión de Silvicultores del Izta-Popo, a las que pertenecen 34 ejidos, dueños de 64 hectáreas de bosque. (La Jornada).
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