Por Agencias
Ciudad de México.- Más de mil 100 magistrados y jueces de distrito activos y en retiro del Poder Judicial de la Federación (PJF) solicitaron este lunes a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) intervenga de manera urgente para evitar «la llamada Reforma Judicial», que hoy dictaminarán los diputados federales, la cual consideraron, apunta, «hacia un golpe de Estado».
Pero no sólo eso, dijeron que la enmienda está paradójica y perversamente enmascarada «bajo un discurso democratizador que en la realidad, persigue la concentración total del poder que anula los principios esenciales de la democracia misma: el poder democrático limitado y limitable».
Por ello pidieron a la CIDH solicite al Estado mexicano que en aplicación al artículo 141 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, evalúe la opción de suspender temporalmente el proceso de reforma judicial en curso, para realizar una revisión integral y exhaustiva de su convencionalidad, la cual podría realizarse mediante un mecanismo debidamente acordado ante dicha comisión, entre el propio Estado mexicano y quienes firman la petición.
Demandó al Estado mexicano que remita la CIDH toda la información que soporte el proceso de reforma judicial en curso, en especial los datos en que se sustentan la apreciación de que el cese masivo de todos los jueces y su relevo por jueces electos popularmente es la solución a los problemas de justicia.
Además que debido a la infracción sistemática de la independencia del poder judicial, México sea incluido en el capítulo de su informe anual ante la Asamblea General de la OEA, en el que ya se encuentran Cuba, Venezuela, Nicaragua y Guatemala; a fin de someterlo a un mayor escrutinio permanente sobre el cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
Asimismo que la CIDH realice una observación presencial en México para conocer la situación, recibir información de diversos actores y escuchar testimonios de quienes suscriben la solicitud y de la sociedad en general. Elaborar un informe sobre la situación por la que atraviesa México en materia de democracia e independencia judicial en instalar un Mecanismo Especial de Seguimiento sobre la temática, entre otros.
En conferencia en el auditorio de la sede del PFJ ubicado en Avenida Revolución, alcaldía Álvaro Obregón, el magistrado Juan José Olvera López, señaló que con absoluta responsabilidad hicieron ver a la CIDH que ya se dio un dictamen producto de semanas de supuestos diálogos «simulados e inútiles», el cual se discutirá hoy en la Cámara de Diputados.
«Incluso exacerba la intentona golpista y deja todavía más claro que no hay, en lo absoluto, ninguna preocupación por mejorar la justicia en México. No les interesan los derechos de las personas, solo quieren concentrar todo el poder».
El magistrado expresó que se está en la víspera del siguiente paso, la anunciada aprobación de la “supuesta reforma”, para deshacerse de quienes, por su actuar independientes como jueces, sustentados en su capacidad técnica producto de la carrera judicial y alejados de los intereses ajenos a cada caso, especialmente políticos a quiénes les han frenado sus abusos de poder.
«Pretenden designar a jueces de control constitucional por elección popular, mediante un mecanismo tan arbitrario como aleatorio que les garantice sumisión. No quieren jueces que limiten las arbitrariedades, quieren personas que simulen ser jueces y que avalen todas las acciones de los gobernantes en turno. Pretenden un modelo de acceso que garantice lealtad al partido en el poder en lugar de lealtad a los derechos de las personas». (César Arellano García/La Jornada).
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