Las autoridades de Venezuela están cometiendo violaciones generalizadas a los derechos humanos no sólo contra aquellos manifestantes que salieron a las calles tras las elecciones presidenciales del 28 de julio, en las que, sin pruebas, se dio la victoria al Presidente Nicolás Maduro, y contra los líderes de la Oposición y críticos del Gobierno sino contra transeúntes, denunció la organización Human Rights Watch, que llamó a los Gobiernos a exigir una verificación independiente de los resultados electorales y apoyar los esfuerzos internacionales para garantizar justicia.
Entre los abusos cometidos por las autoridades del país y grupos armados partidarios del Gobierno conocidos como «colectivos» están asesinatos, detenciones, procesos penales arbitrarios y acoso, según la investigación de la organización defensora de los derechos humanos, que recibió reportes por parte de organizaciones locales independientes como Foro Penal, Justicia Encuentro y Perdón, Monitor de Víctimas y Provea.
HRW expuso que recibió reportes creíbles de 24 asesinatos en el contexto de las protestas, incluido un miembro de la Guardia Nacional Bolivariana. De esos reportes, pudo documentar 11, revisando las actas de defunción, verificando videos y fotografías y entrevistando a 20 personas, incluyendo testigos y otras fuentes locales.
Entre otras tácticas represivas utilizadas por el Gobierno de Maduro, dijo la organización, están la cancelación de pasaportes de opositores para evitar que salgan del país (más de 300, según fuentes de la Oposición), llamados a la ciudadanía a denunciar a manifestantes y redadas en sectores populares tradicionalmente partidarios del chavismo pero que ahora han salido a las calles en una clara señal de hartazgo.
En este sentido, HRW recordó que el 15 de agosto la oficialista Asamblea Nacional aprobó una ley que otorga al Gobierno amplios poderes para controlar y cerrar organizaciones no gubernamentales, tal y como lo hace el Gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua que ha cerrado más de 5 mil desde las protestas de 2018.
«La represión que estamos viendo en Venezuela es brutal», expuso Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch.
«La comunidad internacional debe tomar medidas urgentes para garantizar que los venezolanos puedan protestar pacíficamente, y que su voto sea respetado».
La organización llamó a apoyar los esfuerzos para garantizar la rendición de cuentas por las graves violaciones de derechos humanos cometidas en Venezuela, incluida la renovación del mandato de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela durante la próxima sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
«También es importante apoyar la investigación en curso de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela), y considerar la imposición de sanciones individuales a los responsables de graves violaciones de derechos humanos«, agregó HRW en un comunicado.
En una carta enviada a los Presidentes de México, Colombia y Brasil la semana pasada, Goebertus advirtió que la actual oleada de detenciones arbitrarias en Venezuela «parece no tener precedentes en la historia reciente del país». Señaló que ha superado en promedio las tasas de arrestos de las prolongadas protestas antigubernamentales de 2014 y 2017.
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