El titular de la Secretaría de Agricultura, Julio Berdegué Sacristán, informó que el Gobierno buscará un acuerdo con la Iniciativa Privada para reducir el precio de la tortilla en un 10 por ciento en términos reales durante el sexenio.
«Los precios aumentaron y no han bajado», reconoció el funcionario, quien enfatizó en la conferencia de prensa sobre la necesidad de trabajar con todos los actores de la cadena productiva para lograr esta reducción.
El Secretario explicó que este esfuerzo forma parte de una estrategia más amplia enfocada en la soberanía alimentaria, donde la autosuficiencia del maíz blanco no transgénico es una prioridad, al ser este grano «el centro de nuestra alimentación» y «un elemento central en nuestra cultura».
«Estamos ya platicando 1 x 1 con ellos, los vamos a invitar a un acuerdo nacional por el maíz y la tortilla», señaló Berdegué Sacristán, destacando la importancia de garantizar precios justos tanto para productores como para consumidores, especialmente considerando a las personas más vulnerables que destinan gran parte de su ingreso a la compra de tortillas.
Como parte de las acciones para incrementar la producción, el funcionario anunció el programa «Cosechando Soberanía», que atenderá a casi 600 mil pequeños y medianos productores comerciales en aproximadamente 1,200 municipios del País, ofreciendo acompañamiento técnico, créditos con seguros y apoyo a la comercialización.
La estrategia gubernamental contempla también la creación de una nueva entidad denominada «Productora de Semillas para el Bienestar», que tendrá su sede en Zacatecas y se encargará de producir semillas de alta calidad para los agricultores.
Este nuevo esfuerzo por reducir el precio de la tortilla tiene como antecedente las acciones emprendidas en septiembre de 2022, cuando el entonces Presidente Andrés Manuel López Obrador convocó a empresarios del sector, particularmente a Juan González Moreno, presidente de Maseca, y a directivos de Minsa, para revisar el comportamiento de los precios de la harina de maíz, señalando que estas dos empresas controlaban el 90 por ciento del mercado.
En aquella ocasión, el Gobierno federal hizo un llamado a las empresas para mantener utilidades razonables y evitar ganancias excesivas durante periodos de crisis, como parte de un plan antiinflacionario más amplio que incluía la participación de diversos sectores productivos y cadenas comerciales.
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