Felipe Martínez Chávez
Cd. Victoria, Tamaulipas.- Es una historia de corrupción que involucra a alcaldes de Tula, jueces, funcionarios del Poder Judicial y del Gobierno del Estado.
En 2015 el alcalde tulteco Andrés Díaz Cruz -del PRI- quiso aprovechar fondos federales para construir la plaza (recreativo) conocida como La Chiripa, en Arista y Matehuala, de Tula.
Como el terreno público no era suficiente, habló con el propietario vecino, Miguel Angel Posadas Molina, para comprarle mil metros cuadrados más. Contrataron por 600 mil pesos, de los cuales el ayuntamiento pagó 400 mil y el resto se cubriría en las siguientes semanas, concluidas las obras.
Cuando cayera el último peso, Posadas firmaría la escrituración, lo cual no ha sucedido en ocho años.
La transa de Juan Andrés comenzó de inmediato. Reportó a cabildo haber pagado 450 mil… Alguien se embolsó 50 de los “grandes”.
Con fama de pillastre de siete suelas, Díaz se fue “cargado” en lo particular.
Llegó como sucesor Antonio “Láminas” Leija que no reconoció la deuda (según por instrucciones de “Truko” Verástegui, entonces secretario General de Gobierno), ante lo cual Miguel Angel presentó demanda ante la entonces Procuraduría.
El peregrinar del afectado ha sido muy largo. Entre fiscales y funcionarios del Juzgado se la hicieron “tablas”, en particular señala a un tipo llamado Adolfo García Izaguirre, Juez Noveno Mixto en el pueblo, autor de maniobras y chicanadas.
Inicialmente Izaguirre era secretario, encargado de hacer las “colectas” o “pollas” cuando el Juez era Leonel Castillo Torres.
“La justicia está al servicio del mejor postor”, dice el afectado, cuyo expediente no avanza en apelación en el Tribunal de Justicia, donde ya tienen “arreglado” el tema, y hasta con escrituras a nombre del municipio.
El asunto pasó sobre el escritorio del “finito” alcalde Lenin Coronado Posadas, igual del equipo de El Truko, que le hizo también al “monje”.
Dice Miguel que la corrupción parece no haber llegado al Registro Público de la Propiedad -unidad El Mante-, donde la escritura sigue a nombre del propietario original. Tiene la esperanza que un día recuperará los 200 mil pesillos que le bailaron los prianistas.
Por eso no quiere que Izaguirre ni otros rufianes con fama de salteadores queden en el Poder Judicial, elección del uno de junio del 2025. Los considera ladrones con nombramiento.
Es una muestra de los múltiples casos que se dan ahí en Tula, donde los ciudadanos opinan que urge barrer la corrupción del PJ, para lo cual prometen estar activos en la elección de magistrados y jueces.
Los que deben estar de luto son los auténticos panistas que quedan en Tamaulipas, luego que el CEN designó a Francisco Javier García como “consejero vitalicio” por esta región. Para que se lo quiten de encima va a estar canijo.
Con ello el CEN oficializó al ex gobernador como “líder moral”, o sea dueño de las siglas en la entidad para seguir imponiendo candidatos. Se apropió de la representación desde hace ocho años, cuando llegó al Gobierno, y contando.
Don Francisco debe tener mieditis de andar libremente por México por aquello de alguna orden de aprehensión que le cueste su libertad.
Aunque publica fotos y videos en sus ranchos de Soto la Marina, convivendo con el ganado, publicó que el reconocimiento vitalicio fue recogido por sus hijas Sofía y Mariana (mayores de edad) en la gran capital, de manos de su cuate Marko Cortés.
Claro que, para ser cacique no necesita una representación vitalicia. Para lo que se necesite ahí tiene al gerente “Cachorro” Cantú y al consejo estatal que son su gente, y seguirá porque le apostó al nuevo presidente nacional, Jorge Romero.
Extrañamente sus contrincantes al interior del partido echaron reversa, como José Julián Sacramento, que quiso disputarle la presidencia del CDE a Cantú, o “El Muchacho de la Azteca” que hace tiempo críticó al cacicazgo.
Y los medios de comunicación “revivieron” el asunto de corrupción del ex jefe de Deportes, Carlos Fernández Altamirano. Ya sin fuero como diputado local, puede ser procesado y encarcelado.
Tiene no una sino varias denuncias penales. Sus colegas de la 65 legislatura lo acusaron ante la Fiscalía por delincuencia organizada, falsificación de monedas y operaciones con recursos de procedencia ilícita, y otros presuntos cometidos cuando fue gente de Francisco “N”.
Hay mucho lodo. Desviaron lana por todos lados y claro, no se mandaban solos. Veremos si la Fiscalía Anticorrupción hace la tarea.
Hablando de la reforma al Poder Judicial estatal, culminaron los foros organizados por el Congreso del Estado que lidera Armando Prieto Herrera. A los tres eventos se registraron más de 600 asistentes y participantes, entre abogados litigantes, notarios, representantes de colegios y barras, estudiantes y catedráticos de universidades públicas y privadas, jueces y magistrados. Carro completo, pues.
El interés confirma la aspiración de los sectores sociales por tomar parte en las decisiones que impactan a todos, una sociedad participativa y colaborativa, en este caso designar a magistrados y jueces por voto directo de la comunidad.
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