Por Agencias
Ciudad de México.- En su segundo y último informe anual, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Norma Lucía Piña Hernández denunció (este martes) que actualmente existe una “práctica recurrente de amenazar a jueces, magistrados y ministros con persecuciones penales y juicios políticos” por emitir fallos que han ido en contra de los intereses del gobierno de la denominada cuarta transformación.
En sesión solemne conjunta de los plenos de la Corte y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), Piña dijo que las personas juzgadoras fueron atacadas mediáticamente durante todo el sexenio pasado, pero reveló que el rechazo del máximo tribunal a la incorporación de la Secretaría Defensa Nacional (Defensa) fue el “punto de quiebre” de la relación que tenían con el gobierno federal, y con ello se intensificaron las agresiones y amenazas a los integrantes de la Judicatura y el detonante para que esa práctica sea sistemática fue la reforma judicial.
“Se impulsó la reforma judicial de 2024. Y desde entonces se volvió una práctica generalizada violar abiertamente las suspensiones dictadas por los jueces federales en contravención directa de nuestra Constitución; desestimar la autoridad del Poder Judicial Federal y de los jueces y magistrados en particular. También se volvió una práctica recurrente amenazar a jueces, magistrados y ministros con persecuciones penales y juicios políticos”, dijo.
Desde que Piña llegó a la presidencia de la Corte en 2023 el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador terminó con la tradición de que el titular del Ejecutivo federal estuviera presente en el informe anual del máximo tribunal. En este año, la presidenta Claudia Sheinbaum tampoco asistió, sólo envió como representante del Ejecutivo federal a César Yánez Centeno, subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación.
También, por primera vez, no hubo representantes del Senado de la República ni de la Cámara de Diputados, aunque sí invitados como expresidentes de la Corte, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y Mariano Azuela Güitrón, y el exministro Eduardo Medina Mora.
Estuvieron presentes los seis consejeros de la Judicatura y sólo dos de los cinco magistrados electorales en funciones, Reyes Rodríguez Mondragón y Janine Otálora.
Piña enlistó los desencuentros que cortaron la relación con el gobierno federal, que llegaron hasta la reforma judicial.
“En primer lugar, el caso relativo a la Guardia Nacional, en abril de 2023, que fue un punto de quiebre importante que intensificó las amenazas y agresiones hacia los ministros de la Suprema Corte. Esto se dio a partir de la resolución de la Acción de Inconstitucionalidad 137/2022 donde el Pleno invalidó la legislación que, entre otras cosas, ordenaba el traslado del control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional”, dijo.
En segundo lugar, señaló el decreto presidencial a través del cual se intentaron clasificar como de interés público y seguridad nacional todos los proyectos y las obras que el propio gobierno denominara prioritarios, tema discutido en mayo de 2023.
“Como consecuencia de esa declaratoria de seguridad nacional, se exentaron todas las autorizaciones y sistemas de protección en la legislación nacional, incluyendo mecanismos que tutelan derechos fundamentales como la consulta pública, el acceso a la información y las evaluaciones de impactos ambientales y sociales”, explicó.
Recordar que el mismo día la mayoría en el Pleno de la Corte votó por su invalidez y horas más tarde se publicó otro acuerdo reiterando el “escudo de seguridad nacional”, y con ello, los mecanismos contra la transparencia, información y participación para obras y megaproyectos del gobierno federal.
“En tercer lugar, me refiero al denominado “Plan B”. El 22 de junio de 2023 el Pleno, por mayoría de nueve votos, al resolver varias acciones de inconstitucionalidad promovidas por partidos políticos, legisladores del Congreso de la Unión y el Inai, invalidó la segunda parte del paquete de reformas político electorales 2022-2023 por violaciones graves al procedimiento legislativo”, resaltó.
Piña enfatizó que cada vez que la Suprema Corte resolvió uno de esos casos, las y los ministros que votaron en contra de lo que el gobierno percibió como contrario a su proyecto político fueron “acusados de traidores, corruptos, aliados de minorías rapaces y de la delincuencia organizada y de cuello blanco, e incluso se realizaron alegorías en ataúdes de algunos de nosotros. Todo ello por ejercer nuestra función como jueces y juezas constitucionales, de cara a la sociedad”.
Reconoció que México necesitaba una reforma judicial, pero no una sin “diagnóstico” como la promulgada el 15 de septiembre pasado, de la que dijo que “presenta enormes retos, pero no solo para las personas juzgadoras, sino para todo México. Partamos de que estamos ante un escenario, prácticamente, sin precedentes a nivel mundial”.
Además, criticó que a la fecha no se haya hecho una reforma para las policías, para las fiscalías, para las comisiones de víctimas, para el sistema penitenciario “que se encuentra actualmente en ruinas”. Iván Evair Saldaña/La Jornada).
Discussion about this post