Por Agencias
Ciudad de México.- Senadores y diputados de Morena y aliados, advirtieron que a pesar del nuevo intento del Poder Judicial de detener la elección de jueces, magistrados y ministros, ésta se llevará a cabo el próximo primero de junio.
Durante la sesión de la Comisión Permanente, advirtieron que el Comité de Evaluación del Poder Judicial (CEPJ), en un claro intento de descarrillar ese proceso electoral, detiene el proceso de selección de aspirantes, en base a un amparo concedido por un juez de Michoacán, que no tiene facultades para ello.
Previo a la sesión, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, comentó que el proceso va a seguir y los más de mil aspirantes inscritos en ese CEPJ tienen garantizados sus derechos y serán trasladados a alguno de los otros dos comités o crear una comisión auxiliar, pero la elección no se detendrá.
Adelantó que la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política del Senado tendrán que elaborar un acuerdo para garantizar la participación de quienes se registraron ante el Comité de Evaluación del Poder Judicial.
“Sería gravísimo” que las personas que de buena fe se inscribieron ante el CEPJ se quedaran fuera de la elección por una franca irresponsabilidad, negligencia y provocación del Poder Judicial de la Federación”.
Agregó que es un intento desesperado de la Suprema Corte de descarrilar la elección del primer domingo de junio de 2025, pero “no lo logrará”.
Durante la sesión, las morenistas Nora Ruvalcaba, Simey Olvera y Laura Itzel Castillo resaltaron que el CEPJ no debió frenar el proceso de selección de los aspirantes a juzgadores, toda vez que como juristas saben que no proceden amparos contra reformas a la Carta Magna, ni en materia electoral.
Esa decisión, coincidieron, muestra lo urgente que es la reforma judicial y no pueden doblegarse “a una resolución judicial caprichosa, que desafía la continuidad de un proceso comicial legítimo”.
Los senadores Ana Ericka Santa y Waldo Fernández del PVEM, señalaron que el juez primero de distrito en el estado de Michoacán, debe ser sancionado, por actuar de forma ilegal.
Igualmente, el senador del PT, Gonzalo Yáñez, recalcó que se trata de “un juez vendido a los intereses de la oligarquía y de la derecha” que atropella y pisotea la Constitución”.
En contraparte, la coordinadora de los senadores del PAN, Guadalupe Murguía, recalcó que las resoluciones judiciales deben acatarse y puso en duda que el Senado pueda decidir que el proceso continué.
Si bien, dijo, en la convocatoria que emitió el Senado se señala que tanto la mesa directiva como la Junta de Coordinación de esa cámara podrán resolver los casos no previstos, no puede ser sin la intervención del poder judicial. (Andrea Becerril y Fernando Camacho/La Jornada).
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