Por Redacción
Ciudad de México.- La ministra presidenta de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Loretta Ortiz Ahlf, enfatizó que el feminicidio, además de ser un acto de violación a los derechos humanos, es la máxima expresión de violencia, odio y discriminación contra las mujeres y niñas.
Durante la sesión de hoy, los ministros de la Primera Sala resolvieron conceder un amparo a la madre y el padre de una menor de 12 años edad víctima de feminicidio, para que se les reconozca como víctimas indirectas y se les garantice una reparación integral del daño.
Al fundamentar su voto, la ministra Ortiz Ahlf sostuvo que cada feminicidio es un recordatorio doloroso de que la igualdad de género no solo es necesaria, sino urgente.
“Este fallo reafirma el papel del Estado para contribuir en la reparación integral del daño a las víctimas de este delito, incluyendo acciones que transformen la situación estructural de violencia y discriminación”, indicó.
En febrero de 2015, en el municipio de Lerma, Estado de México, una menor de 12 años salió de la escuela secundaria rumbo a su casa cuando fue interceptada por tres hombres quienes la sometieron, torturaron, violaron y golpearon con piedras.
Los padres, al ver que no llegaba su hija, comenzaron a buscarla. Más tarde, en un canal de agua seco, encontraron el cuerpo sin vida de la menor, cubierto con hojarasca, maleza, una llanta y tres piedras.
Tres personas fueron detenidas, una de ellas menor de edad y dos adultos que fueron procesados y sentenciados después de haber impugnado; sin embargo, los padres de la víctima se inconformaron y promovieron un juicio de amparo por no haber sido consideradas como víctimas indirectas y tener el derecho a la reparación integral de daño. El Tribunal que conoció del asunto negó la protección constitucional.
La Primera Sala de la SCJN resolvió conceder el amparo a la madre y padre de la niña para el efecto de que el Tribunal Colegiado emita una nueva determinación en la que se les reconozca el carácter de víctimas indirectas del delito de feminicidio; se cuantifique nuevamente el monto de la reparación del daño; y se exhorte a las autoridades del Estado de México a brindar medidas de no repetición y de satisfacción.







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