Por Redacción
Ciudad de México.- La ministra presidenta de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Loretta Ortiz Ahlf, enfatizó que “el derecho a la protección de la salud de personas que viven con VIH/SIDA demanda acciones institucionales coordinadas y oportunas por parte del Estado”.
Al exponer sus razones por las que el Máximo Tribunal debería conceder un amparo a la parte quejosa que vio vulnerados sus derechos, Ortiz Ahlf sostuvo que “las autoridades deben evitar prácticas que generen afectaciones adicionales -como interrupciones en tratamientos- y priorizar la protección de su vida e integridad mediante protocolos claros y eficaces.
De este modo, la Primera Sala de la SCJN determinó conceder el amparo a la persona para que las autoridades responsables emitan un protocolo concreto que regule la transferencia de los pacientes que viven con VIH/SIDA entre las instituciones que brindan servicios de salud en el país.
Se expuso como antecedente que una persona fue diagnosticada con VIH en el año 2016 y acudió al Centro de Investigación de Enfermedades Infecciosas (CIENI) del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) para recibir la atención médica y el tratamiento antirretroviral.
Posteriormente ingresó a trabajar en una institución federal y fue inscrito al ISSSTE. Por ello, las autoridades del INER le comunicaron que su expediente clínico y seguimiento sería transferido a la institución donde se le daría el servicio como derechohabiente.
La persona promovió un juicio de amparo reclamando la inconstitucionalidad de diversas disposiciones de la Ley General de Salud y contra la omisión de elaborar, implementar y comunicar de manera efectiva un protocolo de transferencia de pacientes con VIH/SIDA sobre la base de un enfoque de derechos humanos y protección reforzada que brinde certeza jurídica sobre los procedimientos, plazos y acciones concretas que las autoridades deben atender y cumplir.







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