Por José Gregorio Aguilar
Cd. Victoria, Tamaulipas.- A más de un año de haber denunciado públicamente una campaña de hostigamiento laboral, el profesor Rolando Adrián Maldonado Hernández, ex director de la primaria “Raúl Echeverría Ruiz”, confirmó que la supervisora escolar María Imelda Ríos López fue vinculada a proceso penal por el delito de ciberacoso, tras una investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado.
La resolución judicial, dictada el pasado 7 de agosto, se basa en pruebas que acreditan el uso indebido de medios digitales para desacreditar y sabotear el trabajo del docente, así como la organización de padres de familia para cerrar la escuela el 11 de marzo de 2024.
Según el juez, estas acciones afectaron la integridad del entonces director y vulneraron el derecho a la educación de los alumnos, al interrumpir el servicio escolar sin justificación legal.
Maldonado Hernández, hoy supervisor de la zona 37 en Tula, Tamaulipas, señaló que la supervisora ha replicado estas prácticas en otras escuelas, y su influencia en distintos municipios ha generado temor entre docentes que fueron testigos de los hechos. Por ello, solicitó a la Secretaría de Educación de Tamaulipas y al órgano de control interno la separación temporal del cargo de Ríos López, mientras se desarrolla el proceso penal.
“Ella no actúa directamente, siempre envía a otras personas para sabotear el trabajo de los demás. Lo que pedimos es certeza laboral y seguridad para los compañeros que han sido testigos”, declaró el profesor.
La denuncia también fue turnada a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, y se espera que las autoridades educativas federales y estatales tomen medidas para garantizar transparencia y justicia en el ámbito administrativo.
Maldonado expresó su confianza en las nuevas autoridades educativas, encabezadas por el doctor Miguel Ángel Valdez García y la subsecretaria Nora de los Reyes, quienes ya han sido informados del caso.
“La razón la está dando una autoridad fuera del ámbito educativo, y eso es lo que debe prevalecer”, subrayó.
El caso revela una problemática más profunda sobre el uso del poder dentro del sistema educativo, y abre la puerta a una revisión institucional sobre el trato a directivos escolares, el respeto a los derechos laborales y la protección de la comunidad educativa.
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