Buenos pa’la mentira

Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Pues sí, Don Cachorro Cantú (todavía jefe estatal del PAN) y su gente andan “haciendo fuera del hoyo”, en cuanto a la Controversia Constitucional  relativa a la designación de un Auditor Interino Superior del Estado.

Usted puede consultar la resolución completa: https://www2.scjn.gob.mx/juridica/engroses/3/2023/19/3_326141_7145_firmado.pdf y nos dará la razón.

En un boletín de futura expedición (fechado el 11 de noviembre de 2025), el CDE cachorril confunde paridas con preñadas al hablar de la Resolución 232/2023 de la Suprema Corte, emitida el 12 de mayo de 2025, según recurso de la bancada celeste en el Congreso del Estado para tumbar el decreto No. 65-776, mediante el cual se reforman los artículos 88 y 89 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas.

Se entiende que es válida la lucha política de la oposición, aquellos que desaprovecharon seis años para quedar bien con Tamaulipas y, a pesar de la negra administración que hicieron, quieren volver al poder.

Sienten ventaja de no estar disfrutando las mieles del poder. El respetable les dio una patada en salva sea la parte por bandidos, auténticos salteadores del presupuesto.

Si usted querido lector, ya le dio breve lectura la resolución, podrá darse cuenta que el nombramiento el Auditor Antonio Noriega Orozco no fue declarado inválido, solo el procedimiento para la designación no de él sino de cualquier Auditor.

El nombramiento definitivo de Orozco se dio en la plenaria del 29 de octubre de 2024 a propuesta de la Junta de Gobierno, y su designación no ha sido declarada inválido por la vieja o nueva Suprema Corte. Ocupó interinato desde el 15 de diciembre del 2023.

Por tanto el trabajo de fiscalización del aludido, de “destapar” las cuentas públicas del cabecismo no puede estar fuera de la Ley.

Buenos pa’la mentirilla, el boletín adelantado dice que el artículo 89 permitía la intromisión del Gobernador del Estado en el nombramiento del Interino, algo muy lejos porque la facultad es de la Junta de Gobierno donde participan todas las fuerzas políticas representadas.

Los ministros echaron abajo el artículo 89 -no el 88 que sigue en vigor- porque el nombramiento de un Interino “no tenía un plazo definido o condición de temporal”, lo cual daba lugar a pensar que el agraciado seguiría con carácter permanente.

Evidente el dolor que sienten los panistas, resentimiento, ira, frustración y ardor por no haber sabido conservar el poder que el respetable les dio con muchas esperanzas que serían mejores que el PRI, pero fallaron.

Dicen que en la guerra y en amor todo se vale, pero no así, no con mentiras, ni despecho, envidias y emociones negativas en lugar de hacer talacha desde las bases para convencer a los ciudadanos que ya se van a “portar bien”, que no meterán abusivamente la mano al cajón de los billetes.

Como dicen en su demanda, la gente de Don Cachorro, quería que siguiera en ejercicio el Auditor Jorge Espino Ascanio, por otros ocho añitos a pesar de sus bribonadas.

Para que no haya lugar a dudas que el 89 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, que aquellos dicen que permitía la intromisión del Gobernador y que “tumbaron” a Antonio, vamos a transcribirlo completo.

Artículo 89.- De no obtenerse la votación requerida para la designación del Auditor, la Junta de Gobierno podrá designar de manera provisional a un Auditor Interino, quien tendrá las misma facultades y obligaciones conferidas al Auditor, y será titular hasta en tanto se realice la designación correspondiente por al menos las dos terceras partes de los miembros presentes del Congreso.

¿Por qué se cayó? No daba un plazo definido o condición temporal para el Auditor Interino, y obligar nombramiento por mayoría calificada.

Nada que ver con el boletín adelantado -o reciclado-, enviado desde el 22 Berriozábal en esta capital.

Por si usted no lo sabía, el tema que alebrestó a los panistas fue la presencia del señor Orozco ante la Comisión de Auditoría del Congreso, el martes, en que informó que da seguimiento a irregularidades por 200 millones de pesos en la secretaría de Salud, en contratos relacionados con los hermanos Carmona, de Reynosa, que financiaron la campaña de Cabeza de Vaca en 2016. Les pagaron con contratos.

De ese billete, 196 melones tenían procedencia federal y cuatro del Estado. El error es que Doña Fede persigue a los defraudadores hasta que regresen la lana o los mete al bote, y ya no está el gobierno panista para que devuelva lo robado. Los acusados no van a meter mano a su bolsa para pagar. Prefieren bote a quedar pobres.

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