Por Julián Javier H.
Tampico, Tamaulipas.- Los secretarios, directores y mandos de la presidencia municipal de Tampico tendrán que demostrar que están exentos de expedientes judiciales o procesos penales, de acuerdo con una solicitud entregada a la Unidad de Transparencia el pasado 28 de octubre.
En el oficio SR/1807/25, presentado por la regidora María del Carmen Díaz Barrios, se solicita “la carta de antecedentes no penales de todos los secretarios y directores de las dependencias del Ayuntamiento de Tampico”, con base en los artículos 139, 140, 141 y 145 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas.
Díaz Barrios, del PAN, ha solicitado información en tres ocasiones a la alcaldesa de Morena Mónica Villarreal Anaya, pero nunca le han respondido o se la niegan.
“Dirigí un oficio a la licenciada Brianda Castillo, de la Unidad de Transparencia de Tampico, para que me sean proporcionadas las cartas de antecedentes no penales, en virtud de garantizar a la ciudadanía el código de ética, que va a ser regido, primero que nada, en los altos mandos”, dijo la regidora.
“Vamos a demostrarle a la ciudadanía que contamos con gente de ética, de moral intachable y sin antecedentes penales ni judiciales”, indicó la regidora panista.
El martes 4 de noviembre vence el plazo para que Brianda Castillo González, de la Unidad de Transparencia, entregue las cartas de antecedentes no penales, como lo solicita la petición.
“He hecho tres solicitudes a transparencia”, explicó Díaz Barrios. “Una de ellas para saber el estado que guarda el subsidio que se le otorga a Aureliana Núñez (líder de las despicadoras de camarón) por 45 mil pesos trimestrales, pero sin éxito”.
Aunque la administración de Mónica Villarreal Anaya ha preferido cerrarse a entregar información pública (no hay currículums de ninguno de sus funcionarios en línea), la regidora aseguró que esta actitud tendrá consecuencias para la alcaldesa a mediano plazo.
Otros presidentes municipales que, como ella, posponen o rehúyen la entrega de información, han sido penalizados por faltas a la función pública, expresó.
“Tenemos como antecedente el juicio político que se le hizo a Óscar Pérez Inguanzo (alcalde de Tampico de 2008 a 2010), en donde nunca hizo caso a peticiones de regidoras, como eran Gaby Segura, Tere Sosa y Concepción Fernández, y derivó en un juicio político que, al término de su función, debió enfrentar”.
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