Por Redacción
Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la reparación del daño por la cantidad de 62 millones 877 mil 192 pesos, que fueron desviados en 2015 del presupuesto de la entonces Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) a través de la Universidad Intercultural del Estado de México (UIEM).
de acuerdo con el comunicado oficial 824, en este caso el Ministerio Público Federal imputó a Ricardo “M”, que en ese entonces se desempeñaba como Director General Adjunto de la Unidad de Coordinación de Delegaciones de la Sedesol, y al ex rector de la UIEM, José Francisco “M”.
De acuerdo con la información de la FGR “en sus funciones como servidor público y como autoridad de una universidad en el Estado de México, respectivamente, suscribieron un convenio en el que se advirtieron irregularidades, en virtud de que no se garantizaron las mejores condiciones para el Estado en cuanto a precio, calidad, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, debido a que la casa de estudios referida, subcontrató la totalidad de los servicios previamente convenidos con la entonces Sedesol, a un precio inferior, lo que ocasionó un daño a la hacienda pública federal”.
En junio de 2022 un juez federal con sede en el reclusorio Sur, otorgó el beneficio de la libertad condicional a ambos involucrados, sin embargo, la autoridad ministerial “aportó las pruebas necesarias para obtener dicha resolución judicial en contra de estas dos personas.
En la sentencia, “se les concedieron los sustitutivos legales contenidos en el Código Penal Federal, siempre y cuando se garantice o cubra el pago total de la reparación del daño al Estado al que fueron condenados”, es decir podrán continuar en libertad.
En este caso, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) denunció ante la FGR que la Sedesol signó un contrato por más de 124 millones con la UIEM para que integrantes de esa casa de estudios llevaran a cabo la aplicación de Cuestionarios Únicos de Información Socioeconómica (CUIS) en zonas rurales y semi urbanas, para que la dependencia federal ubicara a personas que se identificaran en situación de pobreza extrema.
Sin embargo, ilegalmente la casa de estudios subcontrató siete empresas para que llevaran a cabo la aplicación de estos cuestionarios en diciembre de 2015, y ni las compañías ni la universidad entregaron los materiales establecidos en el contrato.
El Ministerio Público Federal (MPF) aportó las pruebas necesarias para obtener dicha resolución judicial en contra de estas dos personas, a quienes se les concedieron los sustitutivos legales contenidos en el Código Penal Federal, siempre y cuando se garantice o cubra el pago total de la reparación del daño al Estado al que fueron condenados.
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