Por Agencias
Campeche, Campeche.- El grupo parlamentario de Morena en el Congreso de Campeche se dividió luego de que 10 de los 16 integrantes de esa bancada rompieron con la gobernadora Layda Sansores, a quien acusan de persecución política, y para evitar ser detenidos, restauraron el fuero constitucional que los protege de arbitrariedades en la aplicación de la ley.
El domingo pasado, luego de la sesión de instalación del periodo ordinario de sesiones de la 65 Legislatura estatal, los alrededores del Palacio Legislativo fueron cercados por policías ministeriales de la Fiscalía General del Estado; se afirmó que tenían orden de aprehensión contra al menos dos diputados, uno de ellos el líder parlamentario José Antonio Jiménez Gutiérrez.
Durante esa sesión dominical, el diputado Jiménez Gutiérrez denunció que está siendo objeto de persecución política. Expuso que “la dignidad no se negocia ni se administra, incluso cuando hacerlo cuesta y duele” y sostuvo que “la transformación no puede construirse con imposiciones y persecuciones”. En respuesta a publicaciones de medios afines a la gobernadora Layda Sansores, quienes lo acusan de traidor, expuso que “resistir no es traicionar, sino legislar con el pueblo en el corazón”.
Jiménez señaló que encabezar el Poder Legislativo lo ha colocado frente a decisiones difíciles, donde constantemente debe elegir entre hacer lo correcto o repetir prácticas que se habían normalizado. Afirmó que la coherencia no es un camino cómodo y que sostener principios implica asumir costos, especialmente cuando el escenario político empuja hacia lo fácil y no hacia lo correcto.
A mediados de diciembre pasado, luego de que el Congreso del Estado recibió la propuesta de iniciativa de Ley de Ingresos 2026, que consideraba contratar deuda pública por mil millones de pesos, el diputado Jiménez planteó públicamente que analizarían a detenimiento la propuesta y que buscarían alternativas para no endeudar al pueblo.
Sus palabras contrariaron a la gobernadora Layda Sansores quien emprendió una campaña en que se acusó a Jiménez de traicionar la confianza de quienes lo llevaron al cargo en noviembre de 2023, luego de que la bancada morenista destituyera a su anterior coordinador, Alejandro Gómez Cazarín, quien también tuvo diferencias con la mandataria y enfrentaba además una enfermedad terminal que le provocó la muerte.
A pesar de que por mayoría, el Congreso del Estado autorizó la contratación de la deuda una vez que los diputados le pusieron algunos candados a la manera como se ejercerá ese recurso, las diferencias con la gobernadora no se arreglaron.
Incluso, el presidente estatal de Morena, Erick Reyes León declaró oficialmente que Jiménez Gutiérrez es un traidor y lo acusó de provocar la división en el grupo parlamentario.
En una sesión efectuada el sábado pasado para elegir a la mesa directiva que presidirá el actual periodo ordinario de sesiones, diputados morenistas leales a la gobernadora se aliaron con las bancadas de Movimiento Ciudadano, del PRI, el PAN, PT y PVEM, para imponer como presidente de la mesa directiva al diputado de MC Paul Arce Ontiveros. El diputado Jiménez y sus nueve legisladores afines votaron en contra, con lo que se terminó de confirmar el rompimiento.
Aunque la Fiscalía General del Estado emitió un comunicado oficial el domingo por la tarde, en que negó que la presencia de agentes ministeriales en los alrededores del Palacio Legislativo era con el fin de aprehender al diputado Gutiérrez Jiménez, éste evitó salir a la calle para no correr riesgos. Se atrincheró en sus oficinas donde pernoctó acompañado por algunos de los diputados de su grupo.
Además, sesionó junto con sus 10 diputados leales para destituir como vicecoordinadores parlamentarios a los diputados Jorge Pérez Falconi y Verónica Roca Méndez, quienes son leales a la gobernadora. En sus lugares designó a Omar Talango Cervantes e Ismael López Garcés.
Además, y en sesión reservada, los diputados aprobaron este lunes reformas a la Constitución Política del Estado y a la Ley Orgánica del Poder Legislativo, para restaurar el fuero constitucional, el cual había sido eliminado desde el 2016, durante el periodo en que Alejandro Moreno Cárdenas era gobernador.
Ningún diputado quiso confirmar la aprobación de esa reforma constitucional pues según ellos la ley les prohíbe hablar de los temas que se aprueben en las sesiones reservadas. Sin embargo, el legislador morenista Jorge Pérez Falconi declaró que “al parecer hay alguien que tiene mucho miedo de que lo detengan”.
El diputado Antonio Jiménez Gutiérrez evitó hablar del tema. No respondió a ninguna de las preguntas de los reporteros, pues se alejó apresuradamente, escoltado por algunos diputados de su bancada. Abordó su camioneta y se retiró a su domicilio, luego de una fría noche en sus oficinas del Palacio Legislativo.
La restauración del fuero legislativo beneficia directamente a por lo menos tres diputados locales, uno de ellos es el propio presidente de la Comisión de Gobierno y Administración José Antonio Jiménez Gutiérrez, quien es investigado por la Fiscalía Estatal Anticorrupción por presunto desvío de recursos. No se ha informado el monto de que se le responsabiliza, pero esa sería la causa por la que se mantiene el Palacio Legislativo bajo vigilancia permanente.
El diputado de MC, Paul Alfredo Arce Ontiveros, actual presidente de la mesa directiva del Congreso, fue vinculado a proceso por un juez federal por presuntos desvíos cuando fungió como presidente municipal de Campeche en 2021, cuando el entonces alcalde Eliseo Fernández Montufar fue candidato de su partido al Gobierno del Estado. Al parecer ya se liberó la orden de aprehensión en su contra, pero no ha sido ejecutada.
El diputado morenista Gaspar Nah Miss enfrenta denuncias penales de su exesposa y de sus hijos presuntamente por no cumplir con el pago de las pensiones. Luego de que se alió con el grupo de diputados morenistas leales a Jiménez Gutiérrez, se reactivaron las carpetas de investigación en su contra.
Sin embargo, una vez aprobada la reforma que les devuelve el fuero, y que el decreto se publique en el Periódico Oficial del Estado ya ninguno de ellos podrá ser detenido, a menos que se cumpla con el procedimiento del desafuero. La otra posibilidad es que la gobernadora Sansores ejerza su derecho a vetar la reforma, con lo que no entraría en vigor. (Lorenzo Chim/La Jornada).
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