Por José Gregorio Aguilar
Cd. Victoria, Tamaulipas.- El alcalde de Río Bravo Miguel Ángel Almaraz Maldonado anunció que la disputa por el control de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Comapa) ha llegado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), luego de meses de gestiones sin respuesta por parte del gobierno de Tamaulipas.
El edil panista denunció en su cuenta de redes sociales que la Secretaría de Recursos Hidráulicos ha obstaculizado la entrega del organismo operador, prolongando trámites y negando requisitos sin fundamento.
“He buscado acercamientos con autoridades estatales sin obtener respuesta, lo que ha cerrado las vías de negociación y escalado el conflicto al ámbito judicial”, afirmó.
Almaraz subrayó que la situación de la Comapa es crítica: baja presión, mala calidad del agua, fugas constantes y fallas en la infraestructura, sin mejoras sustanciales por parte del estado.
“El organismo se encuentra en condiciones financieras complicadas, pero estamos dispuestos a rescatarlo”, sostuvo.
El alcalde insistió en que la ley establece que el manejo del agua corresponde a los ayuntamientos, y aseguró que su único interés es garantizar un servicio eficiente y digno para la población de Río Bravo.
“La negativa estatal nos ha obligado a destinar recursos en asesoría legal y trámites que podrían resolverse con diálogo institucional”, indicó.
En octubre del 2024 el gobierno de Tamaulipas asumió el control de las comisiones municipales de agua potable y Alcantarillado, con el argumento de que la medida responde a la necesidad de mejorar la eficiencia, transparencia y la gestión técnica de los organismos, que anteriormente estaban bajo el control directo de los alcaldes, tras lo cual el Congreso del estado instó al edil panista transparentar los recursos económicos del ente paramunicipal, lo que agudizó el conflicto.
EL CONFLICTO TIENE TINTES POLÍTICOS: GOBIERNO Y CONGRESO
Por su parte, hoy mismo el subsecretario de Gobierno, Tomás Gloria Requena, afirmó que el conflicto por la transferencia de la Comapa de Río Bravo debe resolverse mediante conciliación y diálogo, no con tintes políticos ni mediáticos.
“El asunto debe enfocarse hacia el diálogo para resolver la problemática que prevalece en el organismo, luego de que el Congreso es el que marca la pauta en el proceso de transferencia”, explicó.
El funcionario recordó que en su momento la Comapa de Río Bravo fue entregada al estado por razones financieras, y que no es el único caso en la entidad. “Más que quién tenga la rectoría, lo importante es que los riobravenses tengan un servicio eficiente de agua potable, drenaje y disposición de residuos”.
Añadió que el gobernador Américo Villarreal ha instruido mantener el diálogo con los municipios y pidió a los alcaldes coadyuvar para mejorar la atención ciudadana. “Entiendo que la administración pública de Río Bravo tiene interés en esta parte, pero tendrá que seguir dialogando con el Congreso y las áreas correspondientes”.
En sintonía con Tomás Gloria, la diputada local Elvia Eguía Castillo consideró que la pugna del alcalde de Río Bravo, Miguel Ángel Almaraz, por recuperar el control de la Comapa podría tener motivaciones políticas. “Definitivamente estamos trabajando para que sea el estado quien maneje el organismo operador del agua, porque no han sido administrados como se debe”, señaló.
Además, la presidenta de la comisión de Recurso Hidráulico subrayó que los organismos operadores enfrentan fallas constantes en drenaje y suministro hídrico, y que la falta de cobranza eficiente por parte de municipios y gerentes ha agravado la situación financiera.
“Puede ser meramente político, y también es importante poner orden en las finanzas y quitar la corrupción que tanto daño hace a los tamaulipecos”, afirmó.
La integrante de la 66 Legislatura adelantó que el tema será revisado en comisiones en las próximas semanas, una vez concluidas las comparecencias en el Congreso.
Reiteró que, desde su perspectiva, los organismos operadores deben ser administrados por el Estado para garantizar que los recursos se apliquen correctamente.
Puntualizó que los gerentes y alcaldes de los 43 municipios están obligados a implementar estrategias para motivar a los usuarios a pagar sus facturas; incluso, aquellos que enfrentan adeudos pero nada hacen para reducir esos considerables rezagos.
“Es responsabilidad de los gerentes y alcaldes hacer una buena cobranza. Aprobamos hace un mes el tema de la depuración de cuentas y con esa buena gestión que hagan podrían recuperar esos saldos que no han podido recuperar porque en realidad no mueven absolutamente nada para motivar al usuario a que vaya y se ponga al corriente”.
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