Por Agencias
Nueva York y Washington. David Brooks y Jim Cason/La Jornada/.- Ismael El Mayo Zambada García fue formalmente sentenciado a cadena perpetua y la confiscación de 15 mil millones de dólares, tal como se había acordado después de que se declaró culpable de múltiples cargos de narcotráfico y cedió su derecho a un juicio.
El juez federal Brian Cogan -el mismo que presidió los juicios de Joaquín El Chapo Guzmán y de Genaro García Luna en este mismo Tribunal Federal del Distrito del Este en Brooklyn- se refirió a los cargos y sus penas correspondientes, la declaración de culpabilidad y sus implicaciones y le pregunto al acusado si entendía plenamente las consecuencias poco antes de dictaminar la condena.
Zambada, vestido en su uniforme de reo café claro con camiseta anaranjada, con su pelo cada vez más canoso, no expresó ninguna reacción física durante el proceso, cuando el juez le preguntó si tenía algo que declarar, respondió que “acepto la responsabilidad de lo que hice, lo que hice estuvo mal”. Agregó que “acepto mi castigo” y dijo que esperaba que sus palabras lograran llevar a que otros no sigan en la vida del crimen. “La violencia debe de acabar en México…. Nadie gana en este tipo de guerra”.
En respuesta a la solicitud de los abogados defensores encabezados por Frank Pérez, el juez Cogan recomendó al Buro de Prisiones a colocar al reo en una instalación penal que cuenta con los servicios médicos que requiere para sus condiciones físicas y mentales -no se especificaron cuáles eran-.
No hubo sorpresas en la conclusión de este proceso judicial, ya que desde que fue presentado el acusado decidió aceptar responsabilidad y declararse culpable de los cargos. Con ello ya no fue necesario un juicio.
Pero la sentencia dictada hoy no necesariamente marca el fin de esta odisea legal para El Mayo, el Departamento de Justicia y para las autoridades en México, ya que no se puede descartar la posible cooperación de Zambada en futuras elaboraciones de expedientes judiciales de las autoridades estadunidenses en contra de criminales, ex funcionarios, políticos, militares y policías en México a cambio de una eventual reducción de su sentencia.
Aunque su abogado reiteró que Zambada no buscó cooperar para una reducción de su condena “y no informó o identificó” a miembros del cártel de Sinaloa o funcionarios del gobierno de su país, tampoco descartó -de hecho no mencionó- que el Departamento de Justicia le ofrezca un acuerdo de cooperación en el futuro. A la vez, subrayó que Zambada desde un inicio aceptó se culpabilidad y con ello, le ahorró al gobierno millones en gastos y también evitar presentar evidencias y testigos en un juicio abierto. O sea, que se ha portado de manera muy diferente al caso de El Chapo, enfatizó.
En otros casos, ese tipo de negociación de cooperación como testigo con las autoridades estadunidenses a cambio de algún beneficio solo se inicia después de que se dicte una condena bajo iniciativa del Departamento de Justicia.
Se puede suponer que el acusado tiene mucha información que brindar a las autoridades si desea cooperar y vale recordar que, como escribió el fiscal federal encargado del caso Joseph Nocella en una carta al juez sobre las recomendaciones para su sentencia, “por décadas, el acusado fue uno -y tal vez el mayor- de los narcotraficantes más prolíficos y poderosos en el mundo”, quien pagó millones de dólares en sobornos “a todos los niveles del gobierno mexicano -policía, militares y políticos- para asegurar que el cartel podría operar sin interferencia”. Destacó entre los ejemplos al caso del ex secretario de Seguridad Publica Genaro García Luna (quien fue enjuiciado ante el mismo juez en este tribunal en Brooklyn). (David Brooks y Jim Cason/La Jornada).
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