Por Redacción
Ciudad de México, México.- Como parte de la operación de vigilancia marítima que realiza la Secretaría de Marina (Semar), a través de la Armada de México, por conducto de la Octava Región Naval y la Décimo Sexta Zona Naval en aguas del Océano Pacífico, personal naval localizó y aseguró 45 bultos balizados con más de 1,600 kilogramos de presunta cocaína, aproximadamente a 178 millas náuticas (329 kilómetros) al suroeste de Lázaro Cárdenas, Michoacá.
Este aseguramiento se llevó a cabo en continuidad con las acciones realizadas el pasado 15 de agosto en la zona marítima contigua, donde personal de la Octava Región Naval aseguró una embarcación menor con aproximadamente 1,900 kilogramos de presunta cocaína y detuvo a dos presuntos infractores de la ley.
Durante un vuelo de patrullaje y vigilancia marítima, personal naval avistó diversos bultos balizados flotando en la mar, por lo que se desplegaron unidades para su localización y recuperación. Como resultado, por conducto de la Décima Sexta Zona Naval, fueron asegurados 45 bultos con una sustancia con características similares a la cocaína, con un peso aproximado superior a 1,600 kilogramos.
Los efectos asegurados fueron trasladados a la Décima Sexta Zona Naval, en Lázaro Cárdenas, Michoacán, para posteriormente ser puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a fin de integrar la carpeta de investigación correspondiente y determinar el peso ministerial de la sustancia asegurada.
Este aseguramiento representa una afectación económica estimada en 340 millones 200 mil pesos para los grupos delictivos y evitó que aproximadamente 3 millones 200 mil dosis de droga llegaran a la sociedad.
Estas acciones forman parte de las operaciones permanentes de vigilancia marítima, aérea y terrestre que realiza la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, en funciones de Guardia Costera y en coordinación interinstitucional con autoridades de los tres órdenes de gobierno, para inhibir actividades ilícitas en aguas nacionales, debilitar las capacidades operativas y financieras de los grupos delictivos y fortalecer el Estado de derecho en las zonas marinas mexicanas.
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