Agencias
Madrid.- El pleno del Tribunal Constitucional (TC) acordó suspender por unanimidad la llamada “ley de Transitoriedad Jurídica de la República de Cataluña”, también conocido como “ley de desconexión” y que está pensada para regular y fijar las fases para que se lleve a cabo el proceso de independencia, en caso de que el próximo 1 de octubre así lo decidan los votantes en el referendo.
Con esta medida, el TC ya suspendió todas las iniciativas adoptadas por el Parlamento catalán para llevar a cabo la consulta ciudadana de secesión, sin embargo tanto las autoridades como los principales partidos que impulsan la independencia ya advirtieron que no reconocerían a los tribunales españoles.
En menos de dos semanas, el conflicto entre Cataluña y el Estado español ha tomado unas dimensiones inéditas y de enorme relevancia para el futuro. El Parlamento catalán aprobó en dos plenos históricos, el 7 y el 8 de septiembre, dos leyes para acompañar el proceso: la ley de referendo y la llamada de “desconexión”. La primera servirá para convocar y llevar a cabo la consulta ciudadana bajo el amparo de la legislación catalana y la segunda para, en el caso de que gane el “Sí” a la independencia, se lleve a cabo la segregación de las instituciones catalanas de las españolas, incluidas la Hacienda Pública, la policía, la seguridad, la educación, etcétera…
El TC, a petición del gobierno español del derechista Mariano Rajoy, decidió suspender con carácter urgente ambas legislaciones. La última, hoy mismo, es la ley de Transitoriedad, que se suspende de forma cautelar, al menos hasta que se decida sobre el fondo del asunto, en un pleno que deberá llevarse a cabo en un plazo de cinco meses.
Además, el TC ha accedido también a la petición del Gobierno de notificar de forma personal al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y al resto de miembros del gobierno, que no pueden dictar acuerdos que desarrollen ninguno de sus 89 artículos. También serán avisados los miembros de la Sindicatura Electoral, los cinco juristas escogidos para hacer la veces de Junta Electoral.
El auto del TC también anula el Código Tributario y que se desarrolle las bases de la futura Hacienda catalana. La ley pensada para entrar en vigor el día después del referendo está destinada a facilitar la transición hacia la nueva república «de manera ordenada y gradual y con plena seguridad jurídica” y en la que se establece que Catalunya “se constituye en una República de derecho, democrática y social y mientras no sea aprobada la Constitución de la República, es la norma suprema del ordenamiento jurídico catalán”.
Otra medida relevante de la mañana fue la notificación por parte de la Fiscalía General del Estado al mayor de los Mossos d´Esquadra, Josep Lluís Trapero, de que el cuerpo policial autonómico tiene la obligación de requisar las urnas y todo el material que se piense utilizar para celebrar el referendo. La misma orden fue dictada a la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía en Cataluña.
Estas medidas se llevaron a cabo sólo unas horas después de que más de un millón de personas, según la Guardia Urbana, y 350 mil, según el gobierno español, salieron a las calles de Barcelona para exigir “democracia”, “referendo” y “libertad”.
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