Por Agencias
Ciudad de México.- Diputados del PAN, PRI, MC y PRD presentaron una acción de inconstitucionalidad en contra de la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la cual creó los llamados “superdelegados” y dio a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la facultad de planear la política en materia de contrataciones públicas y la consolidación de los procedimientos de compra de bienes y servicios.
Los coordinadores parlamentarios del PAN, Juan Carlos Romero Hicks; PRI, René Juárez; de MC, Tonatiuh Bravo, y del PRD, Ricardo Gallardo, presentaron la acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación al advertir vicios en el procedimiento legislativo, violación al principio de legalidad y afectación a las entidades federativas.
En primera instancia advierten que los superdelegados representan un sistema netamente centralista que rompe con lo más esencial del sistema federal: la autonomía de las entidades federativas y la descentralización política.
Añadieron que esta figura genera un estado generalizado de incertidumbre, en perjuicio de los principios de legalidad y seguridad jurídica.
“Se les asigna un amplio margen de discrecionalidad para operar y crear su propia estructura en torno a los programas que entregan beneficios sociales directos a la población. Sin la previsión de mecanismos de control y garantías institucionales, y por el contrario, la permisión al superdelegado para crear su ejército de funcionarios adscritos a esta labor, se abre un gran espacio para el ejercicio arbitrario del poder”, destacaron en un comunicado.
Agregan que hay violación a la Constitución al precisar que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es la encargada de planear la política en materia de contrataciones públicas y la consolidación de los procedimientos de compra de bienes y servicios.
Recalcan que no hay claridad en los argumentos que sirvieron de sustento para justificar el cambio de estas atribuciones que anteriormente correspondían a la Secretaría de la Función Pública. Incluso la reforma contraviene la Ley de Adquisiciones. (Tania Rosas/Vanessa Alemán/El Financiero).
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