Por David Zárate Cruz
Tampico, Tamaulipas.- El Juzgado Tercero Familiar de Altamira citó a un menor de edad a comparecer en un juicio ordinario civil sobre reglas de convivencia de origen, sin tomar en cuenta que puede estar afectado del síndrome de alienación parental (alejamiento de la madre) y no se le ha hecho prueba psicológica de capacidad.
Con ello, dicho juzgado violó el interés superior del niño, por lo que mediante la sentencia 255/2018 el Poder Judicial Federal otorgó el amparo al afectado.
El Juez Miguel Ángel Luna Gracia, del Juzgado Noveno de Distrito en Tampico, determinó que previo a la audiencia en que tendría intervención el menor de referencia, la Juez responsable omitió ordenar la prueba de capacidad a que se refiere el protocolo de actuación.
Dicho protocolo se refiere a si el niño, a partir de su edad y de su propio grado de desarrollo y madurez, puede comprender las preguntas que se le formulen, además de no requerir su presencia en más ocasiones de las que resulten estrictamente necesarias.
El 16 de marzo del 2018, la madre del menor acudió ante el Poder Judicial Federal en Tampico para presentar demanda en contra del Juzgado Tercero Familiar de Altamira, por el auto de 23 de febrero de 2018, relativo al juicio ordinario civil sobre reglas de convivencia de origen, únicamente en la parte que ordena llevar a cabo la audiencia para que el menor de edad sea escuchado en presencia de la Juez responsable.
El Juez Federal señaló que, bajo ese panorama, al emitir el auto la Juez estatal no se ajustó cabalmente a los lineamientos del protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten a niñas, niños y adolescentes, publicado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque en el particular, omitió citar al menor por conducto de su representante legal para que, en fecha previa a la audiencia fijada para escuchar su opinión informada, tomara las providencias necesarias.
El Juzgado otorgó el amparo para que se deje insubsistente el acuerdo reclamado y se emita nuevo auto, en donde provea lo relativo a la prueba de capacidad que deberá realizarse al menor, previo a desahogar la declaración a su cargo; realizar pronunciamiento en cuanto a investigar el motivo por el cual el menor se niega a establecer convivencia con su progenitora, entre otros.
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