Por Agencia.- La oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, deberá investigar los excesos cometidos por los fuerzas de seguridad de dicho país en el marco de la guerra contra las drogas dirigida por Rodrigo Duterte.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU decidió hoy aumentar levemente la presión sobre Filipinas por los excesos de su guerra contra las drogas y aprobó una resolución que encarga a la Alta Comisionada Michelle Bachelet que su oficina haga un seguimiento de la situación y prepare un informe al respecto.
La iniciativa fue de Islandia, a la que secundaron la Unión Europea y países latinoamericanos, todos ellos preocupados porque las ejecuciones extrajudiciales en redadas antidrogas y la impunidad que las rodea siguen a la orden del día.
Filipinas reaccionó con agresividad a esta resolución, que consideró“políticamente motivada” y basada en informaciones falsas, y adelantó que la ignorará, aunque no dio el paso de abandonar el Consejo de Derechos Humanos como habría contemplado, según dio a entender su delegado.
En su informe al inicio del actual periodo de sesiones del Consejo, Bachelet denunció que las muertes y las ejecuciones extrajudiciales, en particular, continúan en Filipinas y que incluso las 5.425 muertes confirmadas por el gobierno deberían ser ya motivo de gran alarma.
A ello agregó que las autoridades deberían dar “información completa y transparente sobre las circunstancias de esas muertes”, así como de las investigaciones que se estén realizando, lo cual serviría para disipar cualquierfalsa acusación y que las autoridades recuperaran la confianza.
Los términos ciertamente diplomáticos de Bachelet no dejaron de ser una denuncia de lo que ocurre en Filipinas, donde se registran una media de 27 ejecuciones extrajudiciales al día, según informaciones difundidas al inicio de esta semana por Amnistía Internacional.
Al presentar su proyecto de resolución, Islandia dijo claramente que ha intentado “evitar la confrontación” con Filipinas y que por esta razón no propuso la creación de ninguna figura permanente dedicada a vigilar lo que ocurre en este país, sea bajo la forma de un relator o de una comisión especial.
El delegado islandés, explicó que se decidió dar el paso de presentar una resolución sobre Filipinas tras dos años de contactos con el gobierno que no dieron ningún resultado positivo.
Para dar la posibilidad de mantener ese diálogo abierto se optó por un enfoque “suave” en la resolución, que pide al Gobierno del presidente Rodrigo Duterteque tome todas las medidas para prevenir los asesinatos y las desapariciones forzadas, y que colabore con la ONU permitiendo que sus representantes de derechos humanos visiten el país sin ser intimidados.
A Bachelet se le pide que presente un informe sobre la evolución de la situación para junio de 2020.
La resolución fue votada y aprobada por 18 votos a favor, mientras que hubo 14 votos en contra y 15 abstenciones.
Filipinas desafió el paso dado por el Consejo de Derechos Humanos y adelantó que al no haber sido una resolución adoptada de forma consensual “su validez es altamente cuestionable”.
“No representa la voluntad del Consejo y mucho menos la de los países en desarrollo, que siempre son objeto de este tipo de resoluciones”, dijo el delegado filipino al leer una declaración del ministro de Asuntos Exteriores de su país, Teodoro Locsin.
En ella acusó a los países occidentales de actuar con arrogancia y advirtió que esto tendrá consecuencias, que no detalló, aunque la más dramática e inmediata que hubiera sido abandonar el Consejo, lo que no ocurrió.
No obstante, el ministro señaló que su país estuvo tentado de hacerlo, pero que finalmente decidió “mantenerse fiel a la causa de los derechos humanos”.
La resolución, sin embargo, no sólo fue aprobada con votos únicamente de países occidentales, sino también de latinoamericanos, como Argentina, Uruguay, México y Perú. Mientras que Chile y Brasil decidieron abstenerse.
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