Por Agencias
Ciudad de México.- La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) se hará cargo de la investigación de lo sucedido en el Bar Caballo Blanco, donde 26 personas murieron a consecuencia de un incendio provocado por un grupo delictivo, que utilizó bombas molotov.
Fuentes federales señalaron que la Fiscalía General de la República (FGR) que dirige Alejandro Gertz Manero ejerció su facultad de atracción y una vez que le sean entregados los peritajes y carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General de Justicia de Veracruz, las autoridades federales se harán cargo exclusivamente de los siguientes procesos.
La FGR inició una carpeta de investigación por los delitos de delincuencia organizada y lo que resulte, y para desarrollar los trabajos de campo trasladará un grupo de peritos forenses al municipio de Coatzacoalcos, Veracruz.
Asimismo, ya se solicitó la entrega de los expedientes iniciados por la delegación de la FGR en Veracruz, con base en los cuales en julio y agosto de este año Ricardo Romero, señalado por autoridades de Veracruz como el presunto responsable del ataque al bar Caballo Blanco, fue dejado en libertad y no puesto a disposición de jueces federales por la comisión de delitos federales.
DOS MARINOS FILIPINOS, ENTRE LOS MUERTOS EN EL ATAQUE AL BAR
La Fiscalía de Justicia de Veracruz confirmó que entre los 26 muertos por el atentado en el Bar El Caballo Blanco, de esta ciudad, se encuentran dos marinos filipinos que habían desembarcado en el puerto horas antes.
Los extranjeros fueron identificados como Nathaniel A. Alindan y Bryan G. Varron, dos jóvenes marinos que provenían de la nave petrolera Caribe Liza, con bandera de Inglaterra.
Ambos jóvenes bajaron a distraerse mientras se realizaban maniobras de carga en el puerto de Coatzacoalcos. Sus cuerpos aún no han sido entregados a sus familiares.
Desde las primeras horas, las familias de las personas que murieron se encuentran en las instalaciones de la fiscalía regional para pedir información sobre los restos, sin que hasta el momento la hayan obtenido.
Muchos de ellos pasaron la madrugada en los hospitales, pero la autoridad no les ha ofrecido datos para identificarlos, y todos fueron remitidos a la fiscalía, donde tampoco les dan información, ni les han mostrado las fotografías de los cuerpos.
“Ya nos pidieron información y fotografías de nuestros familiares; nos dicen que están en Cosoloeacaque, pero no nos muestran imágenes y tampoco nos dan la orden para pasar a reconocerlos”, refirió el esposo de la Valeria Valenzuela Martínez, trabajadora del bar.
Hasta el mediodía, el personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) instaló una mesa de atención a los familiares y la titular de la delegación regional, Angélica Leos Valente, señaló que apoyarán para que los trámites sean más rápidos.
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