Por Agencias
Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR) imputó a Rosario Robles el delito de ejercicio indebido del servicio público, por su presunta participación en desvíos de recursos de más de 5 mil millones de pesos cuando encabezó la Secretaría de Desarrollo Social y luego la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) durante el gobierno federal anterior.
Durante la audiencia inicial que se realiza este jueves ante un juez de control del Reclusorio Sur, el Ministerio Público Federal acusó a Robles de ser omisa sobre 27 contratos que firmaron entre 2014 y 2018 funcionarios a su cargo.
Robles «actuó de manera dolosa, omisa y continua en su carácter de autora directa del delito del ejercicio indebido del servicio público», le señaló el Ministerio Público Federal.
Esos contratos se suscribieron con universidades, televisoras y radiodifusoras estatales, entre ellas la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social.
Al tratarse de un delito que no se considera grave, en caso de que la ex funcionaria sea vinculada a proceso lo seguirá en libertad, eventualmente con medidas cautelares.
La acusación precisa que los desvíos alcanzaron la cantidad de 5 mil 73 millones 558 mil 846 pesos. Asegura que Robles fue informada de las irregularidades a través de oficios, sin actuar al respecto.
El Ministerio Público manifestó que la ex secretaria tenía la obligación de informar de las anomalías al entonces presidente de la República, Enrique Peña Nieto, pero no lo hizo.
En una muy breve declaración a la prensa esta mañana, antes de iniciar la diligencia, Robles dijo que acudía al Juzgado «dando la cara».
La defensa de Rosario Robles intentó que el juez de control, Felipe de Jesús Delgadillo, difiriera la audiencia, ya que había una suspensión provisional de un coimputado, concedido en el juzgado tercero de Chiapas, que impedía la celebración de la audiencia.
El abogado defensor no reveló el nombre del interesado, pero se trata de Emilio Zebadúa, ex funcionario en las distintas gestiones de Robles.
El impartidor de justicia le respondió de manera enérgica y contundente que no había motivo para diferir la diligencia.
«No se va a diferir la audiencia por el amparo provisional de un coimputado, de una persona que se reserva el nombre, no se puede diferir porque se refiere a otra persona. No intente diferir la audiencia tramposamente», dijo el juez.
Cuando el abogado intentó interrumpirlo, el juez le dijo que guardara silencio y acatara su determinación.
El juez decretó un receso de dos horas, ya que la defensa solicitó a la fiscalía aclare diversos puntos de los convenios firmados. (César Arellano García/La Jornada).
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