La ley por ‘el arco del triunfo’

Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La presidenta de Reynosa le anda buscando tres pies al gato. Está por cumplir tres años seguidos en la administración y no se acaba de convencer que no se manda sola.

El escándalo ahora es por una feria y exposición de la que no enteró al ayuntamiento. La concesionó a particulares sin pasar por cabildo y menos informar -por protocolo- a ciudad Victoria.

Desde la capital le cancelaron su evento.

No escarmienta.

La señora no ha sabido mantener unido al cuerpo de síndicos y regidores. Tan es así que, en esta ocasión, fueron también miembros del mismo los que pusieron el grito en el cielo. Le recordaron que “las decisiones de competencia municipal se toman de forma colegiada”.

Para entregar ese tipo de eventos debió haberse elaborado un proyecto detallado para someterse al cuerpo edilicio. Lo más importante son las utilidades que llegarían a Tesorería.

La empresa concesionaria, Atracciones del Noreste, anunció en su portal de Internet que “daremos inicio a nuestras funciones el lunes. Queremos tener todo listo y en regla”.

Llegó el lunes (5 de agosto) y no publicaron más. Se antoja que el problema no tiene su origen en los organizadores sino en cómo se trasfirió a la iniciativa privada. Se sospecha de gato encerrado y la voz popular habla del marido de la presidenta.

Su “feria” sería inaugurada por la señora, su marido y su hijo el viernes anterior. Quedó clausurada por Coepris un día antes.

Decíamos que no escarmienta.

El 9 de mayo del 2017 el Congreso del Estado emitió el decreto 171 (63 legislatura) de “fincamiento de responsabilidad administrativa” en contra de la Doña.

Los diputados la “castigaron” con una amonestación pública, que viene siendo un coscorrón, pero le advirtieron que “en lo sucesivo su actuación se ajuste a la normatividad aplicable y se conduzca siempre anteponiendo los principios rectores de legalidad, honradez, imparcialidad y eficiencia”.

Ordenaron asimismo a la Contraloría Municipal exigir la devolución de sueldos cobrados por tres funcionarios locales entre 28 de octubre del 2016 y el 3 de febrero del 2017, por no tener validez sus nombramientos expedidos por la tal Maki.

Ellos son Mario Alberto Cantú Gutiérrez, Zulema del Carmen González Beas y Carlos Ruvalcaba Limas, respectivamente secretario de Desarrollo Económico, de Servicios Administrativos y Director de Tránsito y Vialidad, por ser originarios de otras regiones y no de Tamaulipas. Se les “peló” Lázara Nelly González Aguilar, orgullo del municipio de Mainero.

La señora Ortiz no hizo caso. Se pasa la Ley por el arco del triunfo.

Después de este incidente, no hay quién apueste sobre el futuro político de la señora.

Aparte están las cuentas públicas que debe aprobar el Congreso del Estado este mismo martes en la Permanente, y antes de octubre en el pleno. No le irá muy bien.

Están retenidas con observaciones, cuentas del municipio, el DIF local, Comapa y el Instituto para la Cultura y las Artes. No parecen estar muy transparentes y está claro que uno de los factores para que salgan adelante es el político. No quiere colaborar.

En otros asuntos, concluyó la primera parte de la renovación de dirigentes municipales del PAN. De once, quedaron pendientes dos. En San Carlos no hubo quórum, en tanto que en Altamira se suspendió por broncas internas de los grupos que quieren el control para hacer futurismo.

Después de todo, los jefes locales no toman decisiones. No serán factor para nombrar candidatos a diputados y alcaldes en el 2021.

Un boletín emitido por el CDE dice que en Aldama el nuevo jerarca es José Guadalupe González de Leija; en Morelos, Octavio Castillo Mendoza; Jaumave, Juan Vázquez Mendoza; Llera, Dora Elsa Martínez Colunga; Miquihuana, Aidé Gudalupe Rodríguez Mascorro y Ocampo Sugei Molina Guerrero.

Hidalgo, Mainero y Güemes eligieron propuestas de candidatos a los consejos estatal y nacional para el periodo 2019-2022.

Ya decíamos en colaboración anterior que no pasará nada fuera de lo ordinario. El que se mueva no sale en la foto.

Aparte, los jefes estatales no pueden permitir que “les ganen el mandado” en municipios críticos como Matamoros y Reynosa, aun cuando la mayoría de militantes comulguen con los grupos de poder locales.

De las asambleas municipales, el prietito en el arroz fue Altamira donde hay tres “suspirantes” que no se pusieron de acuerdo sobre la unidad. Uno de ellos hizo que no se abriera el salón de eventos para la asamblea, que había rentado precisamente la delegación del partido en esa localidad.

De todas maneras, según el dicho de los dirigentes, la reprogramarán para otra fecha. Si no se ponen de acuerdo, habrá delegación.

En otros asuntos, después de largos días de trabajo, el Tribunal Electoral del Estado desfogó este martes ocho expedientes de recursos de inconformidad sobre los resultados de la elección en Matamoros. Los presentaron PRI, PAN y MORENA, pero… no modifica constancias de mayoría.

Los magistrados anularon algunas casillas por motivo de que los funcionarios de las mismas no tenían domicilio en la sección, pero los ganadores siguen siendo los mismos: Leticia Sánchez Guillermo, de Morena, en el 11; y del PAN, Héctor Escobar en el 10; Gloria Ivett Bermea en el 12 y Roxana Pérez en el 8, Río Bravo.

La buena noticia es que, a partir de esta fecha, el IETAM podrá  ir elaborando el reparto del pastel plurinominal. Según los números, asignará a los partidos que obtuvieron el 3 o más por ciento de la votación total.

Asimismo, aquellos que no quedaron conformes con el veredicto del Tribunal, están en condición de apelar ante la instancia federal, la Sala Monterrey del TRIFE. Abundaremos.