ESTADOS UNIDOS.
El fiscal de Nueva York, Ryan Harris, informó hoy que cuenta con “miles de páginas” de transcripciones de grabaciones telefónicas que vinculan delictivamente al extitular de Seguridad Pública mexicano Genaro García Luna con el exjefe de la Policía Federal mexicana Iván Reyes Arzate.
Ambos funcionarios enfrentan un proceso legal ante la justicia estadounidense por sus vínculos con el narcotráfico, particularmente con el cártel de Sinaloa y el otrora líder de esa organización criminal, Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”.
Harris declaró ante la corte federal de Brooklyn que el caso de Iván Reyes Arzate, alias “La Reina”, tardará varias semanas debido a la complejidad y extensión de la evidencia en su contra por corrupción y por aceptar sobornos millonarios, tanto del cártel de Sinaloa como de los hermanos Beltrán-Leyva, también narcotraficantes.
El juez del Distrito Este de Nueva York, Brian Cogan, estuvo de acuerdo con catalogar el caso de Reyes como “complejo”, misma categoría que se otorgó al juicio de Genaro García Luna y que llevó a la postergación de sus audiencias.
Arzate comenzó hoy las negociaciones con la Fiscalía de Nueva York para declararse culpable y no ir a juicio por colaborar con el crimen organizado entre 2008 y 2016, informó el medio local New York Daily News. Actualmente está detenido sin derecho a fianza.
El caso de “La Reina” fue vinculado al de García Luna después de que Harris confirmara la existencia de documentos con información del mismo periodo en que ambos funcionarios sirvieron al sexenio del expresidente de México Felipe Calderón (2006-2012).
Este miércoles el juez Cogan también aprobó la solicitud de la Fiscalía de Nueva York y de la defensa de García Luna de considerar las pruebas del caso como “material protegido”.
Bajo este criterio aprobado por la corte, las declaraciones de testigos, información de investigaciones en curso o datos que pongan en peligro a posibles informantes quedará resguardada por la justicia estadounidense y sólo podrá ser consultada por las partes implicadas y el gobierno de EU, informó el Departamento de Justicia.
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