Por Agencias
Ciudad de México.- La Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México solicitó 57 años de prisión en contra de Mónica García Villegas, dueña y directora del colegio Rébsamen, luego de que ayer el Tribunal de Enjuiciamiento del Poder Judicial de la Ciudad de México declaró culpable a la mujer del delito de homicidio culposo y de responsabilidad de obra tras la muerte de 19 niños y siete adultos al colapsar uno de los pisos de la institución educativa.
En un comunicado, la fiscalía dijo que las pruebas presentadas » fueron contundentes para establecer que la mujer fue omisa al no atender las disposiciones establecidas en el Reglamento de Construcciones y la Ley de Desarrollo Urbano, ambas para el entonces Distrito Federal, con lo que puso en riesgo a toda la comunidad educativa del plantel que colapsó en el sismo del 19 de septiembre de 2017″.
Expuso que la representación social pidió 52 años de prisión por el delito de homicidio culposo, al tener calidad garante de las vidas de todos los que conformaban la comunidad educativa.
Además de cinco años por el delito de Responsabilidad de Director Responsable de Obra (DRO) o Corresponsables, hipótesis de propietaria.
El próximo lunes iniciará la audiencia de individualización de la pena en la que se fijará la sentencia que deberá cumplir Mónica García Villegas y el monto de la reparación integral del daño.
La FGJ aseguró que debido a las fallas estructurales que presentaba el inmueble habilitado de colegio privado en la colonia Nueva Oriental Coapa, alcaldía Tlalpan, se derrumbó la parte destinada al área administrativa, lo que provocó la muerte de 26 personas.
«La mujer, aun cuando tenía pleno conocimiento de que su conducta estaba prohibida, no respetó las normas de construcción en cuanto al número de niveles ni el tipo de uso de suelo autorizado en la zona, lo que puso en riesgo a la comunidad educativa que le correspondía proteger» señaló.
Insistió en que Mónica García Villegas «omitió atender las disposiciones establecidas en el Reglamento y en la Ley de Desarrollo Urbano».
La procesada, indicó la FGJ, no sólo era la directora general del colegio privado, sino que también fungía como socia mayor y administradora de las sociedades civiles, que abarcaba desde la educación preescolar a la instrucción secundaria.
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