Por José Gregorio Aguilar
Cd. Victoria, Tamaulipas.- La coordinadora nacional del Movimiento Educación con Rumbo, Paulina Amozurrutia, cuestionó que en algunas entidades como Tamaulipas la responsabilidad del regreso a clases presenciales prácticamente descanse en maestros y padres de familia al obligar a éstos a firmar una carta responsiva, cuando la autoridad, en este caso la SET, tendría que ser la responsable de liderar el regreso a clases.
“La SEP y la SET deberían estar marcando lineamientos específicos y liderando el regreso a clases, no hacerlo optativo ni cargando la responsabilidad a los padres de familia y mucho menos haciéndoles firmar una responsiva, porque la responsabilidad es de la autoridad y no la están asumiendo”.
Dijo que precisamente por esa omisión la sociedad civil organizada, como Educación con Rumbo, recurrió al Poder Judicial y presentó un amparo para solicitar que la Secretaría de Educación Pública y las autoridades educativas estatales garanticen los derechos humanos de los niños, así como su salud física y socioemocional para el regreso a clases presenciales del ciclo escolar 2021-2022, ya que desde su punto de vista consideran es la única estrategia para garantizar que las autoridades hagan su trabajo.
Refirió que dicho amparo fue radicado en el Juzgado Noveno de Distrito, bajo el expediente 1016/2021 y tiene carácter nacional.
Explicó que hasta la fecha las autoridades en materia educativa han omitido acreditar la instrumentación de protocolos y adecuaciones a la infraestructura de las escuelas para mitigar el impacto de la variante Delta del Covid-19, que afecta principalmente a niños y niñas de primaria y secundaria.
Entrevistada por este medio de comunicación, la coordinadora nacional del movimiento Educación con Rumbo precisó que la motivación que dio origen al amparo no radica en impedir el regreso a clases presenciales, sino en someter a un escrutinio y control constitucional las omisiones de las autoridades para garantizar que el regreso a la escuela sea seguro y garantice los derechos humanos de los niños.
Finalmente, Amozurrutia señaló que para un regreso integral a clases se requieren tres factores prioritarios, reflejados en el amparo: una evaluación y regularización de los niños en materia de los aprendizajes esperados en la pandemia; una capacitación en temas socioemocionales a maestros y directivos debido a los efectos psicológicos provocados en los niños por el confinamiento; y por último, la implementación de protocolos integrales para la contención del Covid-19 en escuelas.
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