Por David Zárate Cruz
Reynosa, Tamaulipas.- Petróleos Mexicanos (Pemex) Exploración y Producción deberá prorrogar el contrato de un trabajador que viene reclamando el reconocimiento de una enfermedad profesional, ya que mediante la ejecutoria 106/2020 magistrados federales le negaron el amparo en contra de la Junta Especial Número Sesenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) en Reynosa, por ser infundados sus argumentos.
El magistrado Mauricio Fernández de la Mora, del Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, determinó que en una parte de sus planteamientos Pemex manifiesta que correspondía al actor demostrar las condiciones de trabajo o el medio ambiente, presentando las pruebas correspondientes a la autoridad laboral para que ésta las valorara conforme a la ley; sin embargo, eso no es así, ya que en este caso la carga de la prueba corresponde a la dependencia federal.
El 20 de enero del 2020, la Junta Especial Número Sesenta de la JFCA en Reynosa, emitió el Laudo del juicio laboral 659/2016, mediante el cual condenó a Pemex Exploración y Producción a prorroga el contrato de trabajo de un empleado, ante lo cual la dependencia recurrió al juicio de amparo argumentando que, en el caso no quedó demostrada la subsistencia de la materia de trabajo, por lo que fue incorrecto que se condenara a la prórroga del contrato.
El magistrado Mauricio Fernández de la Mora, a quien correspondió estudiar el asunto, determinó que en relación a ese tema, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableció que cuando se demanda el reconocimiento de una enfermedad profesional a Petróleos Mexicanos o a sus subsidiarias, recae en éstas la carga de la prueba respecto a las actividades o medio ambiente, como se observa en la jurisprudencia 2a. 147/2011, visible en el Semanario Judicial de la Federación, bajo el registro 160860.
El pleno judicial emitió la sentencia ejecutoria negado el amparo a Pemex Exploración y Producción, y señaló que, siendo que en el amparo directo 73/2020 laboral, relacionado con el presente, se está concediendo la protección constitucional en aspectos vinculados con la valoración de la prueba pericial, lo que puede incidir precisamente en las prestaciones relacionadas con el riesgo de trabajo.







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