Por David Zárate Cruz
Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores al Servicio del Estado (ISSSTE) descontó 260 mil 280 pesos a una empleada de la Secretaría de Salud de Tamaulipas, que jamás firmo contrato hipotecario con ese organismo, por lo que un Juez Federal condenó a su devolución, pero por error de una magistrada que consideró como laboral el juicio, el litigio sigue adelante, solo que derivado de ello, mediante la ejecutoria 275/2020 magistrados federales otorgaron el amparo para que considere el litigio civil.
El magistrado Víctor Pedro Navarro Zárate, del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito en Victoria, determinó que los descuentos que se realizan de los ingresos que obtienen los trabajadores del Estado, como es la afectada, supone la solicitud de un crédito y su otorgamiento mediante la suscripción de un contrato o contratos de naturaleza civil, de tal manera que en los casos en que se desconozca su celebración, esa debe ser la base de la acción; de ahí que la materia del juicio debe considerarse civil.
Desde 1999, quincenalmente el ISSSTE le ha estado descontando dinero a la mujer, hasta llegar a 260 mil 280 pesos por “crédito hipotecario”, cuando ella cotiza ante el IPSSET y además jamás firmó un contrato, pero creía que por tener cotizaciones le dieron el crédito. Sin embargo, al acudir al Fondo de la Vivienda del organismo (Fovissste) le dijeron que no tenía nada, por lo que presentó demanda civil el 31 de diciembre del 2019 y un Juzgado de Distrito condenó a la devolución en su favor.
El ISSSTE presentó recurso de revisión, argumentando que el juicio debió ser laboral.
El 7 de mayo del 2020, la magistrada María Lucila Mejía Acevedo, titular del Primer Tribunal Unitario del Decimonoveno Circuito en Victoria, le dio la razón al ISSSTE y emitió la sentencia declarando insubsistente la sentencia apelada, dejándose a salvo los derechos de la actora, para que los hiciera valer en la vía correspondiente, que es laboral.
La afectada recurrió al juicio de amparo argumentando que el fallo era ilegal, ya que deja de considerarse que la reclamación principal es la de inexistencia del contrato, y como accesorias la cancelación y devolución de los descuentos realizados de las prestaciones que se obtienen como empleada; siendo que aquélla es la que determina a la segunda, por lo que si el contrato del que derivan dichos descuentos es de naturaleza civil, ello es lo que debe considerarse.
El magistrado Víctor Pedro Navarro Zárate, a quien correspondió estudiar el asunto, determinó que no es dable exigir a la accionante que en forma directa promueva juicio en la vía laboral, pues si bien es verdad que reclama como prestaciones la devolución de los descuentos de sus percepciones o ingresos, como trabajadora, la cuales constituyen prestaciones laborales, también lo es que dichos descuentos tienen como justificación previa un contrato de naturaleza civil, de tal manera que la validez de tales descuentos presuponen la existencia del contrato basal.
El pleno judicial otorgó el amparo para que la magistrada María Lucila Mejía Acevedo, titular del Primer Tribunal Unitario del Decimonoveno Circuito en Victoria, deje sin efectos la sentencia reclamada y en otra que dicte prescinda de estudiar oficiosamente la incompetencia del juez y por ende, que el asunto es laboral y no civil y con plenitud de jurisdicción, analice los agravios esgrimidos, y resuelva lo que en derecho estime procedente.
Discussion about this post