Por Felipe Martínez Chávez
Cd. Victoria, Tamaulipas.- En franca rebeldía a la autoridad, dos funcionarios de la pasada administración de Pilar Gómez Leal, ex presidenta sustituta de la capital, no acudieron a la Contraloría Municipal a explicar la “desaparición” de más de seis millones de pesos.
Estaban citados para este jueves Arturo Vela Palacios, ex Tesorero, e Isaac Cervantes Nava, ex Subdirector de Administración, para que aclaren con documentos o digan lo que convenga a sus intereses sobre irregularidades en recursos federales.
El Contralor Sergio Estrada Cobos dijo que se trata de solventar o aclarar observaciones que marcó la Auditoría Superior de la Federación, correspondientes al ejercicio 2020 en el renglón de adquisiciones y servicios.
Ante la rebeldía, y si persisten, el juicio seguirá adelante para fincar las responsabilidades en que pudieron haber incurrido, dado que además, los funcionarios de Pilar Gómez Leal no dejaron ni un solo papel, se llevaron todo.
Los nuevos citatorios fueron notificados este mismo jueves, para las diez de la mañana del próximo lunes y martes.
Hay más observaciones por posible daño al patrimonio de la hacienda municipal, pero éste por el que se les citó corresponde a 6.7 millones de pesos cuya asignación y destino no quedó claro por parte de los funcionarios panistas.
La ASF estuvo verificando las participaciones federales a municipios. Los auditores no quedaron satisfechos con la papelería que se les hizo llegar por parte de los ex colaboradores de Gómez Leal y Xicoténcatl González Uresti,
Manifestó El actual Contralor manifestó que la fiscalización se hizo en agosto y toca a la nueva administración darle seguimiento. Tienen de plazo un mes, según la Auditoría de la Cámara de Diputados y, si no se da la solventación, el proceso seguirá adelante.
-¿Cabe un proceso penal?, -se le preguntó a Estrada Cobos
-Lo determinaría la autoridad.
Advirtió que los funcionarios que se fueron no dejaron expedientes ni pruebas fotográficas de las inversiones.
Como el gobierno de Eduardo Gattás se negó a firmar la entrega-recepción por una serie de inconsistencias, Pilar Gómez y colaboradores enviaron la papelería al Congreso del Estado, donde la mandaron a la Auditoría Superior local.
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