Por David Zárate Cruz
Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El Tribunal Unitario Agrario (TUA) en Victoria emitió una sentencia con base en un peritaje hecho por la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), violando las garantías constitucionales de seguridad jurídica y debido proceso, ya que de acuerdo con la Ley Agraria debe tener sus propios peritos, por lo que mediante la ejecutoria 379/2020 magistrados federales otorgaron el amparo para que se reponga el procedimiento.
La Magistrada Estela Platero Salado, del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito en Victoria, debió designar un perito tercero adscrito al propio tribunal agrario o en su defecto al Tribunal Superior Agrario; sin haberlo hecho, porque el nombramiento recayó en un perito adscrito a la Fiscalía General de Justicia, lo cual transgredió las formalidades esenciales del procedimiento y con ello el artículo 14 Constitucional.
El 7 de septiembre de 2020, el TUA en Victoria emitió la sentencia en el expediente agrario 190/2018, mediante la cual declaró la nulidad absoluta del contrato de enajenación de 27 de abril de mil 1998, por falta de firma y por no respetarse el derecho del tanto; condenó a desocupar y entregar las parcelas en conflicto a favor de la sucesora preferente en un ejido de Ocampo, y el comprador recurrió al juicio de amparo.
La magistrada Estela Platero Salado, a quien correspondió estudiar el asunto, determinó que no debe nombrarse a un profesionista externo tercero en discordia; y al hacerlo así violó las reglas esenciales del procedimiento, que transcendió al resultado del fallo, para lo cual basta leer lo que expuso la magistrada agraria a partir de la página 17 hasta la 21 de la sentencia reclamada, que luego se vio reflejado en su determinación de anular el contrato de enajenación por falta de consentimiento, ”como se lee en la propia sentencia a partir de la página 21”.
El pleno judicial otorgó el amparo al comprador, para que el TUA deje insubsistente la sentencia reclamada y reponga el procedimiento, para que designe un perito de su adscripción o en su defecto del Tribunal Superior Agrario, que funja con el carácter de tercero en discordia y desahogue la prueba pericial admitida en el juicio agrario y hecho lo anterior continúe el procedimiento como corresponda.
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