Por David Zárate
Matamoros, Tamaulipas.- La Secretaría de Finanzas de Tamaulipas a través de la Oficina Fiscal de Matamoros, deberá regresar 31 mil 284 pesos a un ciudadano, debido a que mediante la sentencia 451/2021 el Poder Judicial Federal declaró inconstitucional el artículo 64, fracción I, de la Ley de Hacienda del Estado, al establecer un cobro de 8 al millar sobre la operación por inscripción en el Registro Público de la Propiedad, otorgando el amparo en contra del Congreso del Estado.
El Juez Francisco Javier Cavazos Argüelles, titular del Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en Matamoros, determinó que, tratándose del pago de derechos de inscripción de escritura en el Registro Público, cuando se cuantifica mediante el porcentaje sobre el valor de la operación contenido en el documento motivo de la inscripción, es contrario a los principios tributarios de proporcionalidad y equidad, porque no se toma en cuenta el costo del servicio que presta el Estado, sino un elemento ajeno.
Tal circunstancia conduce a que por un mismo servicio los contribuyentes paguen una mayor o menor cantidad, dependiendo del valor de la operación contenida en el documento motivo de inscripción, lo que conduce a que por un mismo servicio los contribuyentes pagarán dependiendo del valor de la operación, provocándose que por los mismos servicios se causen derechos distintos.
El Juez señaló que es claro que es inconstitucional el artículo 64, fracción I, de la Ley de Hacienda del Estado, toda vez que determina que el pago de derechos de inscripción de una escritura en el Registro Público se cuantifique mediante el porcentaje sobre el valor de la operación contenida en el documento motivo de la inscripción, (ocho al millar en relación al valor de la operación, contenida en el documento que se inscribe), lo cual es contrario a los principios de proporcionalidad y equidad contemplados en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución.
El Juzgado otorgó el amparo para que la Oficina Fiscal del Estado en Matamoros y el Congreso del Estado, para que no le sea aplicable dicho precepto legal al ciudadano, con las consecuencias jurídicas correspondientes; esto es, que se le devuelva la suma por la cantidad de 31 mil 284 pesos, y en un futuro no se le cobre el servicio público de inscripción de escritura con base en el valor de la operación contenido en el documento motivo de la inscripción.
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