Por Agencias
La ex conductora de televisión Inés Gómez Mont promovió un recurso de queja para impugnar el fallo del juez federal que le negó el amparo para dejar insubsistente la orden de aprehensión que se libró en su contra por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La quejosa realizó el trámite ante el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, ya que reclama el acuerdo ministerial del 30 de septiembre de 2021 que se emitió en la carpeta de investigación FED/SEIDO/UEIORPIFAM-CDMX/0001159/2017, mediante el cual se resolvió no ha lugar a acordar de forma positiva la solicitud de la peticionaria, respecto de la determinación del no ejercicio de la acción penal, en la citada indagatoria.
En los próximos días, los magistrados del colegiado determinarán si confirman, modifican o revocan la sentencia del Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en Ciudad de México, quien el mes pasado rechazo concederle la protección de la justicia federal.
La juez Patricia Marcela Diez Cerda determinó que la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda actuó de forma acertada al no resolver en sentido favorable la petición de la conductora de televisión.
Señaló que el delito no lo constituyó la abstención de enterar los impuestos del ejercicio fiscal de 2016, sino la posibilidad de que existan recursos, derechos o bienes que provengan, de manera directa o indirecta, de la comisión de un delito y respecto de los cuales no se acredite su legítima procedencia, por lo que no es dable decretar el pronunciamiento de no ejercicio de la acción penal.
Según el expediente, en noviembre de 2018 Gómez Mont y el Administrador Central de Análisis Técnico Fiscal de la Administración General de la Auditoría Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, celebraron “acuerdo reparatorio”, a través del cual se expuso que el monto de la reparación integral de las contribuciones y accesorios omitidos al Servicio de Administración Tributaria correspondía a la cantidad de 10 millones 967 mil pesos por concepto de contribuciones federales omitidas y accesorios.
Dicho convenio fue sometido a la autorización de la agente del Ministerio Público de la Federación, encargada de la integración de la indagatoria, quien el 16 de enero de 2019, determinó no aprobar el acuerdo reparatorio, debido a que el monto “resulta notoriamente desproporcional”, ya que el daño sufrido por la hacienda pública no fue resarcido en su totalidad con el pago de los 2 millones 604 mil pesos.
A Gómez Mont se le imputan varios cargos, entre ellos, la acusación del Ministerio Público refiere que ella junto con su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga, están relacionados con el desvío de 2 mil 950 millones de pesos obtenidos mediante contratos asignados de manera directa que fueron utilizados con empresas fachada que operaron durante la pasada administración federal y presuntamente prestaron servicios a la Secretaría de Gobernación.
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