Por Agencias
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una nueva recomendación sobre graves violaciones a las garantías fundamentales cometidas por agentes del Estado entre 1965 a 1990, periodo también conocido como guerra sucia. En su investigación acreditó los casos de 814 víctimas de persecución política, procesados políticos, detenciones arbitrarias, desaparición forzada y ejecución extrajudicial, “en ocasiones cometidos en contra de niños, niñas, adolescentes y mujeres, que constituyen crímenes de lesa humanidad”.
En el marco del aniversario luctuoso de la luchadora social Rosario Ibarra de Piedra, su hija Rosario Piedra, presidenta de la CNDH, dio a conocer la citada recomendación en la que se expone que la responsabilidad de la violencia política contra ciudadanos fue del Estado mexicano, e implicó a autoridades de todos los niveles, así como a las fuerzas policiacas y militares.
En la cúspide de todo este complejo represivo, “creado exprofeso, actuaron con total impunidad los presidentes de la República, desde Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría Álvarez hasta José López Portillo, que siempre estuvieron enterados de las acciones de represión, las ordenaban, y las ocultaban”, aseveró en el documento.
La Recomendación 98VG/2023 está dirigida, entre otras autoridades, a las secretarías de Gobernación (SG) y de la Defensa Nacional (Sedena), así como a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Comisión para el Acceso a la Verdad sobre la guerra sucia.
Las 814 víctimas acreditadas en este instrumento, realizado al margen de los trabajos que por su parte lleva a cabo la Comisión de la Verdad que preside el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, se suman a los 275 que la CNDH ya había documentado en 2001, ya que se hizo una revisión de los que fueron excluidos en ese momento, en la administración de José Luis Soberanes Fernández.
En este sentido, reconoció que la Comisión Nacional incurrió en “serias e irreparables omisiones” que van desde acciones dilatorias e intentos por cerrar expedientes, “forzando la voluntad de las personas quejosas, hasta ocultar información fundamental en su momento para encontrar personas desaparecidas”.
Recordó que para la recomendación 26/2001, la CNDH examinó 532 expedientes de personas relacionadas con quejas de desapariciones forzadas ocurridas en la década de los 70 y principios de los 80, pero sólo asentó violaciones cometidas contra 275. Además, a la fecha se han indemnizado a apenas 151 casos.
En la actual recomendación 98VG/2023 pidió al secretario de Gobernación, Adán Augusto López; al subsecretario Alejandro Encinas; al titular de la Sedena, general Luis Cresencio Sandoval, y al fiscal general de la República, Alejandro Gertz, llevar a cabo un reconocimiento de responsabilidad y disculpa pública del Estado por las graves violaciones a los derechos humanos perpetradas en los años de 1965 a 1990.
Así como que a través de la Comisión de la Verdad, en coordinación con las autoridades responsables, elaboren un Plan de Justicia Integral y de reparaciones colectivas.
Al Congreso de la Unión le solicitó tipificar en el Código Penal la desaparición forzada transitoria y aprobar en el Senado el dictamen para que el delito de desaparición forzada de personas constituya un crimen de lesa humanidad conforme al Estatuto de Roma y al artículo 2 de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.
De igual manera, revisar, mediante ejercicios de parlamento abierto, la Ley General de Víctimas, a efecto de llevar a cabo las reformas necesarias que considere pertinentes para la integración de reparaciones del daño colectivas que incluyan análisis de contexto.
A la FGR le solicitó proceder a continuar la integración de las averiguaciones previas, o en su caso iniciar una investigación de los hechos cometidos en agravio de las víctimas acreditadas en la presente recomendación; mientras que a la Sedena le pidió colaborar en la presentación y seguimiento de la denuncia de hechos ante la fiscalía.
La Recomendación 98VG/2023 fue elaborada por la Oficina Especial para Investigar la Represión y Desapariciones Forzadas por Violencia Política del Estado durante el pasado reciente, creada en 2020. Para ello, se llevaron a cabo en total 412 diligencias, derivadas de las cuales se recabaron 130 testimonios, se consultaron ocho archivos, se revisaron 627 legajos, al igual que se requirió información a diversas dependencias.
Por otra parte, ayer en la conmemoración del primer aniversario luctuoso de la defensora Rosario Ibarra de Piedra, la presidenta de la CNDH compartió que con la Recomendación 98VG/2023, cumplía con una de las promesas que hizo a su madre antes de morir, que es continuar su lucha y la de otras mujeres que como ella han sido víctimas de la violencia política de Estado.
Asimismo, inauguró en las oficinas ubicadas en Rio de la Magdalena, alcaldía Álvaro Obregón, la exposición “Gráficas disidentes. Memoria del Comité ¡Eureka!”, que data de 2019, la cual retrata el esfuerzo de quienes integraron dicha organización.
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