Felipe Martínez Chávez
Cd. Victoria, Tamaulipas.- Y la pestilente cloaca que dejó el panismo en la UAT, comenzó ser abierta por el nuevo rectorado. Hay muchos años de cárcel.
Las transas en “especie” -un terreno en Reynosa- con que pagaron participaciones a la casa de cultura, junto con más de 500 millones que escamotearon desde Palacio, deben ser la punta del iceberg en el mar de corrupción que predominó en el sexenio pasado.
Por los datos que este martes expuso el Abogado General de la Universidad, Carlos Mora García, caben procesos para el Rector saliente, Guillermo Mendoza Cavazos; el ex secretario de Administración del Gobierno, Alberto Salazar Anzaldúa; el ex Secretario General, Gerardo Peña Flores y el propio cabecilla del grupo, Francisco Javier “G”.
“Extraviaron” dinero que debió pagarse a la Universidad para la consecución de sus fines, según acuerdo con la federación, y quisieron “abonar” con un predio de 46 hectáreas (de un lote total de 60 propiedad del Estado) en que se construiría una hipotética ciudad Universitaria en Reynosa.
Al estilo gandalla, como la mayor parte de las cosas que fraguaron, concedieron un valor de 187 millones de pesos al predio que alcanzaba los 13 millones.
Si la Fiscalía le escarba -que ahora sí se ponga a trabajar Don Irving- saldrán más “peces” como el valuador contratado, Máximo Ortiz Benavides, para variar de Reynosa, por prestarse a la sobrevaluación ¿Y qué me dice usted del Jefe de Patrimonio y la secretaria de Finanzas?.
En todo caso, el terreno debió donarse a la casa de estudios, y no venderse, si es que había voluntad de construir instalaciones. ¿Lo hicieron para ocultar peculado?.
Las 46 hectáreas eran un viejo patrimonio del Estado (carretera a San Fernando, ejidos La Retama y Las Anacuas). Se compraron a Héctor Soberón Pérez y su esposa María Guadalupe Moreno, con fecha 15 de junio de 1970. Era Gobernador Manuel A. Ravizé y secretario General de Gobierno el matamorense Mario Garza Ramos ¿por qué las compraron?, ¿otra transa?. Los Soberón fueron funcionarios de esa administración.
Máximo Ortiz dio un valor a los terrenos de 402 pesos metro, haciendo un total de 187 millones, es decir, infló 14 veces el precio comercial real, según cálculos que mandó hacer el nuevo rectorado.
Y coludido Oscar Ortega Cortés ¿lo compraron? Director de Subsidio a Universidades de la Dirección General de Educación Superior de la SEP, que dijo “no tener inconveniente” en que se hiciera la transa.
Utilizaron como argumento para no trasladar efectivo a la UAT, los gastos que el Gobierno había hecho por el Covid-19.
Cola larga también para el transa Franklin Huerta Castro, Tesorero de la Universidad con Mendoza Cavazos, el mismo que “vendió” a su esposa una camioneta “chatarra” de la UAT, en 12 mil pesos, cuando valía 700 mil.
Y ameritan cárcel los diputados que avalaron la operación como Imelda Sanmiguel Sánchez, presidenta de la Comisión de Patrimonio Estatal y Municipal de la 65 legislatura, Mirna Edith Flores Cantú, Liliana Álvarez Lara y Juan Vital Román Martínez, moreno este que votó a favor del dictamen.
Se negaron a firmar el decreto de venta el moreno Isidro Vargas Fernández y la entonces panista, hoy independiente Danya Aguilar Orozco.
La Fiscalía tiene la denuncia en sus manos. Barrios Mojica tiene la oportunidad de reivindicarse con el pueblo donde es avecindado desde hace casi cuatro años, o sigue bajo las órdenes de su eterno jefe.
Saquearon los recursos del Gobierno y la Universidad, pero no se ocuparon de mejorar las cárceles que ahora pueden necesitar. El peculado se paga con hasta 20 años de prisión; con 14 el uso ilícito de atribuciones; ocho por coalición de servidores públicos y siete ejercicio ilícito del servicio público.
Tema aparte, después de Madero los “destapes” formales de candidatos de Morena y asociados llegarán como efecto dominó.
Queda claro que el partido no aceptará presiones, condiciones ni chantajes de grupos fácticos de poder, léase Adrián Oseguera, aprendiz de cacique que quiso imponer su “minimaximato” en la urbe petrolera a través de familiares.
Menos aceptarán imposiciones los inquilinos de Palacio de Gobierno. Si así fuera terminarían entregando parte del poder, y ese no se comparte.
Una siguiente definición será Tampico, a donde se encamina la diputada Úsula Patricia Salazar Mojica, probada por todos los ángulos como leal a la 4T.
Resistió embates de la guerra sucia panista en la pretensión de desaforarla. Les estorbaba, sabían que podía crecer e ir a dar la batalla al conurbado sur.
Y como dicen que golpe que no mata fortalece, se levantó y reivindicó el valor del voto ciudadano en contra de complicidades del Poder Judicial y la Fiscalía Anticorrupción represora.
Al final les dijo algo que sigue retumbando en el entorno jaibo: “No soy una corrupta, ni traicionera ni he robado”.
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