Por Agencias
Ciudad de México.- Tras coincidir en que no se generarían “mantos de impunidad”, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó que los congresos de los estados del país tengan la última palabra cuando exista un procedimiento de desafuero, por delitos federales, contra algún gobernador.
A propuesta de la ministra Margarita Ríos Farjat, el máximo tribunal avaló la reforma a la constitución de Tamaulipas que permitió al Legislativo estatal no homologar la declaración de procedencia del Congreso de la Unión y que, en su momento, blindó al entonces gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca.
Incluso, el ministro Juan Luis González Alcántara recordó el proceso de desafuero contra el ahora presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador mientras se desempeñaba como jefe de Gobierno del Distrito Federal, y el impacto del caso en el federalismo mexicano y las libertades de los congresos estatales.
Durante el debate de este martes en el pleno y al presentar su proyecto, Ríos Farjat aclaró que, en caso de investigaciones penales, se podrá proceder cuando el funcionario en cuestión concluya su encargo.
“Las facultades de la entidad perseguidora federal no se ven mermadas porque no se retire la inmunidad a funcionarios locales, pues es prerrogativa del estado esa decisión y por ello no prescriben las conductas punibles, de manera que se puede proceder en contra de funcionarios locales una vez que dejen el cargo público que ostentan”, indicó la ministra.
Tamaulipas no es el único estado del país que prevé la posibilidad de no homologar una decisión de la Cámara de Diputados pues se sigue esa ruta en Chiapas, Morelos, Nayarit y Sinaloa. En términos similares, reservándose si retiran o no el fuero a sus funcionarios, están Michoacán, Tlaxcala y Yucatán.
En contra de la propuesta de la ministra Margarita Ríos Farjat se pronunciaron las ministras Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y Lenia Batres, quienes sostuvieron que habría impunidad para los funcionarios en proceso de desafuero y se pasaría por encima de las decisiones del Congreso de la Unión. (La Jornada).
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